CONFLICTO LABORAL

Los inspectores de Trabajo redoblan la protesta e inician este lunes una huelga indefinida

Los 70 funcionarios en Aragón, llamados a parar en plena escalada del conflicto entre las centrales sindicales y el Ministerio de Hacienda y a un mes de las elecciones generales

Los inspectores, en una de sus protestas a principios de mes en Zaragoza.  | ÁNGEL DE CASTRO

Los inspectores, en una de sus protestas a principios de mes en Zaragoza. | ÁNGEL DE CASTRO / m. c. l. / g. u.

M. C. L. / G. U.

Los inspectores de Trabajo dan este lunes un paso más en su movilización contra el Gobierno central y comienzan una huelga indefinida con la que ponen en jaque la vigilancia del mercado laboral a las puertas del verano. Más de 70 funcionarios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón están llamados a secundar los paros que se producirán en todo el país tras el rechazo de las centrales sindicales a la última propuesta del Ministerio de Hacienda, encargada de la negociación.

Las centrales sindicales que convocan los paros mantienen con insistencia su demanda: que el Gobierno apruebe una nueva relación de puestos de trabajo para dotar de una nueva estructura organizativa al organismo estatal.

Los trabajadores del servicio público han ido quemando su calendario de protestas sin alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez: primero se concentraron frente a las delegaciones provinciales –en Zaragoza, en el edificio Trovador–, después pasaron a los paros parciales y ahora la protesta virará hacia la huelga total.

Según datos del propio Ministerio de Trabajo, la actividad inspectora ha aumentado el 355% durante la presente legislatura, bajo el mando de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. El esfuerzo ha desembocado en notables triunfos contra el fraude laboral, como el que terminó en varias multas históricas a empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo. Precisamente en Zaragoza la Inspección de Trabajo le aplicó una multa de 379.963 euros por 329 'riders' que trabajaban como falsos autónomos, una sanción pionera que el año pasado se reprodujo en la capital aragonesa, en tal ocasión con una sanción de 9,1 millones de euros.

El principal escollo en la negociación entre los inspectores y el Gobierno es que entre Hacienda –responsable de los funcionarios– y Trabajo no se ponen de acuerdo a la hora de dar forma a esa nueva estructura de la Inspección. Las centrales reprochan a la ministra María Jesús Montero un trato diferencial con ellos, deslizando un perjuicio por el hecho de que ellos dependan del Ministerio de Trabajo, que no dirige un miembro del PSOE sino de Unidas Podemos. Y es que en Seguridad Social o Justicia las centrales también llevaron a cabo movilizaciones para mejorar su situación laboral y allí sí hubo acuerdos, si bien parte de ellos se quedarán en papel mojado por el adelanto electoral.

El miércoles, Hacienda envió una nueva propuesta a Trabajo, que a su vez se la comunicó a los sindicatos; tanto el Ministerio liderado por Yolanda Díaz como las centrales descartaron la propuesta, que entienden que no da respuestas a las necesidades de la Inspección de Trabajo y que, además, no se corresponde con el Plan Estratégico.