Seis jurados, seis culpables y dos inocentes

Cuentan los más entendidos que frecuentan los pasillos de la Audiencia Provincial de Zaragoza cómo la figura del jurado popular ha dado al traste con muchas quinielas sobre la inocencia o la culpabilidad de quienes se acomodan en el banquillo de los acusados. «Si soy inocente, que me juzgue un tribunal profesional. Pero, si soy culpable, mejor un jurado popular», reitera siempre un asiduo a los plenarios que alberga la sede de la calle Galo Ponte. Lo cierto es que las ocho disyuntivas cernidas este año sobre sendos implicados no han albergado grandes dudas en los tribunales ni tampoco han arruinado a nadie con sus apuestas. En total, los órganos judiciales de Aragón han celebrado seis juicios de jurado popular con seis culpables y otros dos inocentes a ojos de los miembros del pueblo elegidos para impartir Justicia.

No se hizo de rogar el primer jurado del año cuando el 16 de enero daba inicio la vista oral por el asesinato del Quinqui Medrano, quien fuera la mano derecha del enemigo público número uno del franquismo: El Lute. Junto a su esposa María del Carmen Villa Fernández se sentaba también en el banquillo su hermana Isabel en calidad de cómplice, pero el ministerio fiscal retiró en última instancia la acusación que pesaba sobre la allegada. Al final, Mari Carmen fue declarada culpable de asestarle un disparo en la cabeza a quemarropa a su marido mientras dormía en la casa cueva donde ambos residían en Calatayud. Fue condenada a 21 años de cárcel –20 por el asesinato y uno por la tenencia ilícita del arma–, aunque la pena por el delito de sangre se vio reducida hasta los 17 años y medio porque había sido impuesta con el código penal posterior a la reforma de 2015.

Apenas una semana más tarde, la sala tres de la Audiencia Provincial de Zaragoza volvía a repetir la misma escena con los representantes del ministerio público, la acusación particular y la defensa encarados con los miembros del jurado sobre el estrado. Héctor López Ferrer, el conocido como parricida de La Almozara, fue declarado culpable de coser a puñaladas a su padre y de intentar lo mismo con su madre en junio de 2021. Apreció entonces el jurado las agravantes de alevosía, ensañamiento y desvalimiento, que daban cabida a la prisión permanente revisable, tal y como quedó reflejado en la sentencia que se dio a conocer a lo largo de los días siguientes. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) revocó la máxima pena privativa de libertad y rebajó finalmente la condena a 37 años de prisión.

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, retrasó hasta mediados del mes de mayo el inicio del juicio que se había señalado el 13 de febrero contra dos mandos del Cuerpo Nacional de Policía acusados de apropiarse de un alijo de botellas de alcohol y de otro de ropa y cosmética. Fue la única ocasión en la que los miembros del jurado finalizaron la primera jornada de deliberación sin veredicto alguno, por lo que tuvieron que encerrarse a dormir en un hotel para volver a la Audiencia al día siguiente. A eso de las 15.00 horas del 19 de mayo, uno de los dos agentes quedaba absuelto de todos los cargos al mismo tiempo que su compañero escuchaba la lectura de un veredicto de culpabilidad. Al final fue condenado a un año de prisión y los tribunales firmaron una tregua que solo iba a durar los meses estivales.

Homicidios desenmascara la tortura de los parricidas del Picarral: "Parecía que la habían centrifugado"

Y es que el año judicial 2023-2024 comenzaba por todo lo alto en septiembre para poner punto y final al conocido como crimen de la calle Alegría. Un caso mediático que conmovió a la opinión pública porque Adil Lazizi, un preso que cumplía condena en la cárcel de Zuera por asesinar a una turista francesa en Madrid en 2001, aprovechó un permiso penitenciario para no volver más a su celda y manchar otra vez su nombre de sangre: asestó 30 puñaladas a su vecina de rellano en el zaragozano barrio de San José. Fue el primer juicio con jurado que presidió la magistrada Nicolasa García Roncero, quien firmó una condena de 25 años de cárcel.

A mediados de octubre, las crónicas de tribunales de la prensa diaria aragonesa retrataron la vil tortura de los parricidas del Picarral, Cristian Lastanao Valenilla y Vanesa Muñoz, al conducir a su hija de dos años hasta la muerte. No existió la más mínima duda de su responsabilidad y ambos pasarán el resto de sus vidas entre rejas. El año finalizó con Bobo Keita en el banquillo de los acusados al asesinar a su excuñado en calle Don Pedro de Luna del barrio de Delicias. Le embistió de noche en el descansillo del número 29, donde le dio muerte porque no aguantaba la protección que brindaba a su hermana. Todavía no se conoce el resultado de la condena.

Han sido seis juicios en los que se han escuchado a voces conocidas de la abogacía aragonesa como Carmen Sánchez Herrero, Rafael Ariza, Marco Antonio Navarro, Enrique Esteban Pendás o José María Lumbreras. También han desfilado compañeros como Elena Carnicer, que han asumido la defensa de sus representados (Keita) a dos semanas del plenario. Otros han llegado de Madrid, como los penalistas José María Pedregal y Javier Reguera, que defendieron a las hermanas Villa-Fernández, y de Barcelona, como Manuel Hatero. Todos ellos han formado parte del destino de sus representados, que luego han dictaminado los miembros del jurado: la vida entre rejas o la calle.