Subida del SMI | Los empresarios aragoneses claman contra "un diálogo social que ya no existe"

El acuerdo a dos bandas entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5% ha levantado una polvareda de críticas entre los empresarios aragoneses hacia el Gobierno central. Tanto CEOE Aragón como Cepyme Aragón rechazan de plano el incremento del suelo de los salarios porque «desprecia, una vez más, el diálogo social en nuestro país», después de que el alza del SMI se haya decretado sin el apoyo de la patronal de los empresarios al no ver contempladas sus demandas: que la subida fuera del 3% y se revisarán las contratas públicas y las cotizaciones en el sector agrario.

Aunque la subida del SMI es potestad única del Gobierno, el ministerio que dirige Yolanda Díaz se había caracterizado al menos hasta ahora por un espíritu negociador para cerrar acuerdos con el mayor consenso posible, tanto para empresarios como para sindicatos. Y eso es lo que más escuece en el sector empresarial. «Lamentablemente, el diálogo social a nivel nacional ha dejado de existir hace un tiempo y tenemos que hablar más bien de imposiciones, cuando las empresas y los empresarios, que creamos riqueza en este país, creemos que merecemos un trato más equilibrado y en línea con lo que aportamos al país», denunció este viernes Félix Longás, el presidente de la Comisión de Coyuntura Económica de la CEOE Aragón en la rueda de prensa posterior a la celebración de la comisión, que contó con la presencia de Javier Marínez, director general de Política Económica de la DGA.

Las organizaciones empresariales alegan que no se han atendido sus demandas de indexar los contratos de empresas con el sector público al aumento de costes que implican las subidas anuales del SMI y de establecer bonificaciones para el sector del campo. Longás insistió en que los empresarios «no estamos en contra de la subida, pero sí de que se haga por imposición, sin negociar. Esto nos resta competitividad, más aún cuando no estamos aumentando la productividad». En un tono igual o más duro se expresó la presidenta de Cepyme Aragón, que mostró «su total rechazo» al acuerdo suscrito dado que «desprecia, una vez más, el diálogo social en nuestro país». «Los empresarios nunca se han negado a subir el SMI, pero este aumento debe ser racional, equilibrado e, insistimos, negociado en el marco del diálogo social», dijo Lorente.

Los sindicatos, más contentos

La organización empresarial considera que cuestiones como esta, que tienen una trascendencia importante en la economía global, no pueden ser impuestas, sino que deben ser consensuadas por las partes. Asimismo, Cepyme Aragón destacó que estas medidas afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que «ven menoscabada su competitividad y su actividad» al coincidir un momento complejo en la coyuntura económica con el incremento del 12,5% de las cotizaciones a la Seguridad Social o la subida impositiva.

La otra cara de la moneda la muestran los sindicatos mayoritarios, que celebran un pacto en el que también echan de menos a los empresarios. «Es una buena noticia, aunque no satisfactoria del todo porque nos hubiera gustado un acuerdo tres bandas», señaló el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz. «Cada vez nos falta menos para llegar al 60% del salario medio español, aunque sí satisface nuestras pretensiones para este año. Nos hubiera gustado un acuerdo a tres porque hubiera sido un buen mensaje a la ciudadanía sobre el refuerzo de la negociación colectiva», explica Arceiz.

Para el secretario de Acción Sindical de CCOO Aragón, Pablo Castillo, es una noticia «muy positiva», dado que los trabajadores más precarizados «no pueden perder poder adquisitivo» ante unos precios que todavía se mantienen elevados. «Es posible que las tablas más bajas de algunos convenios se queden por debajo del SMI y vean mejoradas las cuantías», apunta Castillo. Además, los beneficiados de forma indirecta serán los que perciben prestaciones y ayudas que toman como referencia el SMI, como los bonos sociales o los pagos del Fondo de Garantía Salarial.

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