El Gobierno británico aplaza el traslado de migrantes a la "cárcel flotante" por problemas de seguridad

El Gobierno británico ha sufrido un nuevo revés en su polémica política migratoria. El Ministerio del Interior se ha visto obligado a aplazar el traslado de los primeros solicitantes de asilo a la barcaza 'Bibby Stockholm', calificada por las organizaciones de derechos humanos como una "cárcel flotante", debido a que no cumple con las garantías de seguridad suficientes en el sistema de protección contra los incendios. El traslado estaba previsto inicialmente para esta semana, pero el nuevo contratiempo ha impedido al Gobierno especificar cuándo se realizará finalmente. 

"Lo correcto es que cualquier alojamiento que ofrezcamos sea también seguro", ha explicado el ministro de Transportes, Richard Holden, a Sky News. "Las comprobaciones durarán lo que tengan que durar, es importante que hagamos las cosas bien". La decisión del Gobierno ha llegado tras las advertencias de los inspectores locales, recogidas por el diario 'The Times', sobre lo que consideran podría ser un "nuevo Grenfell", en referencia al incendio en un edificio residencial de Londres en el que murieron 72 personas en 2017. La barcaza tiene capacidad para 506 personas, distribuidas en 222 camarotes, y tan solo cuenta con dos salidas principales.

Bases militares

Los planes del Gobierno para abaratar los costes asociados al alojamiento de solicitantes de asilo se están atrasando mucho más de lo previsto. El objetivo del Ejecutivo era el de instalar entre agosto y septiembre a otros 2.000 refugiados en la base militar de Scampton, en el norte de Inglaterra, pero finalmente el traslado no se producirá como mínimo hasta octubre porque todavía no se han realizado las inspecciones pertinentes y por retrasos en la instalación de agua, luz y gas. Las autoridades sí han trasladado a 46 solicitantes de asilo a la base militar de Wethersfield, a unos 60 kilómetros de Londres, y planean instalar a medio centenar más en los próximos días, a pesar de que se han detectado casos de sarna y de tuberculosis, según la prensa británica.

Los Ayuntamientos de los dos municipios donde se encuentran las bases han interpuesto una demanda judicial contra el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo y Vivienda para tratar de frenar la llegada de más de 5.000 solicitantes de asilo prevista en los próximos meses. Los demandantes acusan a la ministra del Interior, Suella Braverman, de usar un procedimiento de emergencia para evitar los procesos de planificación adecuados, unos argumentos que han apoyado los vecinos de las dos localidades, contrarios a la llegada de los migrantes.

Determinación del Gobierno

A pesar de los contratiempos, el Gobierno de Rishi Sunak tiene previsto dar batalla hasta conseguir sus objetivos, consciente de que la lucha contra la inmigración irregular es una de las claves para captar a los votantes más radicales del partido conservador, desencantados con las promesas incumplidas del Brexit. El primer ministro ha insistido en la legalidad de deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda, una decisión frenada por la justicia y sobre la que se tendrá que pronunciar el Tribunal Supremo en los próximos meses.

El Ejecutivo asegura que los planes de instalar a los refugiados en bases militares y en barcazas como el 'Bibby Stockholm' supondrán un ahorro significativo para las arcas del Estado, que destina cerca de 7 millones de libras diarios (más de 8 millones de euros) en alojar a los solicitantes de asilo en hoteles. La medida, sin embargo, cuenta con el rechazo frontal de más de 50 organizaciones de defensa de los derechos humanos, que la han calificado de "cruel e inhumana" y que han advertido de los riesgos que pueden tener para la salud mental de personas que ya han pasado por experiencias traumáticas.