Los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevaron ayer al concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, a alzar la voz para denunciar que la capital aragonesa se encamina este año a batir su propio récord del año pasado de desahucios por el impago del alquiler. Con la estadística provisional, si el 2017 finalizaba con 892 casos y a mitad de año había contabilizado 506, de enero a junio de este 2018 ya se acumulan 535. Y esto obedece, según explicó, a que la recuperación económica solo ha conllevado un «alza especulativa» en los precios, que lleva a más familias que antes a la imposibilidad de pagar precios que se han disparado en solo dos años.
«Son datos preocupantes. Es posible que este año se superen los 900 desalojos, siendo una estimación conservadora», expuso Híjar, quien aprovechó para recriminar al consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, que afirmó que no existía tal especulación al alza. «Esto desmiente a quien insiste en que no existe un problema con el alquiler o un alza especulativa en Aragón, que acentúa todos los problemas sociales», argumentó. Precisamente ayer en las Cortes se aprobó, a iniciativa de Podemos, instar al Gobierno aragonés a actuar sobre los precios.
DESDE EL 2013
Para el concejal de Vivienda, ese aumento de los últimos años en los precios explica que el peor año para los desahucios en el histórico de Zaragoza, el 2013 con 864 casos, se viera superado en el 2017 y este 2018 pueda terminar con 945 desalojos, 81 más que hace un lustro. Y tras un tránsito por 2014 con 779, el 2015 con 762, y el 2016 con 790, por debajo de ese récord.
Lo que está sufriendo Zaragoza, explicó el edil, es una tendencia a subir precios que también se está experimentando en otras ciudades y, recalcó, «es difícil decir cuánto», pero cree que «bastante» por la cantidad de inquilinos que han ido a llamar a la puerta de Zaragoza Vivienda. Con el mismo patrón, alquileres que en el momento en que vence el contrato de repente se han disparado y se convierten en inasumibles para ellos. Son los llamados «desahucios invisibles», dijo.
El problema va a más para estas familias cuando, además de verse abocadas al impago, encuentran serias dificultades para acceder a otra vivienda, en un sector en el que se exigen condiciones como «disponer de rentas familiares superiores a los mil euros, empleo con antigüedad de más de un año o si pertenecen a una minoría migrante o gitana» llevan a esos inquilinos a una situación de exclusión en el mercado inmobiliario. «Esto no concuerda con la recuperación económica», apostilló el edil.
«Esconder la realidad como se hizo con la burbuja inmobiliaria antes de la crisis es una irresponsabilidad política», expuso Híjar, quien instó a Pedro Sánchez a cumplir los acuerdos en materia de vivienda planteados por Unidos Podemos, y a la DGA a hacer cumplir la ley del 2016 que permite actuar ante la escalada de precios en el mercado del alquiler. Una regulación o dar autonomía al ayuntamiento para intervenir «donde se detecten casos de crecimiento especulativo».
