El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, negó este viernes en las Cortes de Aragón que entre los planes de la DGA esté cambiar radicalmente el modelo y disminuir las competencias de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) en los incendios, o sacar de manos públicas la gestión del operativo para combatirlos. «Nadie pretende eliminar ningún elemento de la Administración forestal», afirmó el consejero, que tuvo que responder a hasta tres preguntas, del PP, Ciudadanos e IU, sobre el operativo forestal.

Los dos primeros se centraron en la polémica que, como publicó este diario, ha surgido entre los sindicatos mayoritarios de la DGA (CCOO, UGT y CSIF) por las maniobras que, entienden, está haciendo la dirección general de Gestión Forestal, con Diego Bayona, de Podemos, para privilegiar a Sarga en detrimento de los APN. Critican la adjudicación «a dedo» de un informe a la fundación Pau Costa, por el precio justo para no sacarlo a información pública.

Fue por «ocho euros menos» de los 15.000 necesarios, señaló el popular Antonio Romero, y Ramiro Domínguez, de Cs, le instó a «parar los pies» a Podemos en su campo, al tiempo que señalaba que la fundación contratada «solo tiene la web en catalán y en inglés», o que su directora luce «el lazo amarillo (independentista) en las redes», habiendo «3.000 empleados» en el departamento capaces de realizar este estudio.

Olona afirmó que se trata de una «asistencia técnica», no de dar «dinero a una empresa». Servirá para modificar el modelo, pero, insistió, sin restar importancia a los APN y a su «servicio encomiable». «Nadie pretende eliminarlos, al contrario, se van especializar y mejorarán sus condiciones», aseguró. También garantizó que «la dirección técnica en la extinción la seguirán haciendo funcionarios», aunque se integrarán con los servicios de emergencias y las redes de Protección Civil.

OPERATIVO COMPLETO

IU denunció por su parte el incumplimiento de la consejería del compromiso de prolongar la contratación de Sarga hasta los 10 meses, cuando este año muchas cuadrillas se han quedado en una media de 7 meses. Olona negó este incumplimiento y justificó que lo que se acordó fue ejecutar por completo el presupuesto, 21 millones de euros, y esto se va a hacer.

Respondiendo a Romero, del PP, que inicialmente iba a preguntar sobre el modelo de gestión forestal de forma más genérica, Olona advirtió de que si no se acometen cambios, estamos preparando «una bomba» que estallará en cualquier momento. «Corremos como pollo sin cabeza a apagar cualquier incendio» que queda en conato, explicó, pero no se apuesta por la silvicultura productiva para eliminar la vegetación y además sacarle rendimiento, dejando así todo plagado de combustible.

Pero al tiempo se mostró pesimista, porque las «anomalías» políticas y administrativas en este ámbito han impedido llevar a las Cortes un plan de gestión forestal, obligatorio, en 20 años.