Cobrar menos por trabajar más

¿Es mejor trabajar en una empresa pública o en una privada? La pregunta no tiene una respuesta sencilla, aunque la evolución del mercado laboral ha hecho que muchos vean decantar la balanza hacia un lado en detrimento del otro. El debate sobre cuál es el mejor empleo al que puede aspirar alguien no es nuevo, pero las circunstancias que influyen en terminar trabajando en uno u otro puesto son múltiples y están marcadas por un sinfín de condicionantes (elegidos o no). Sea como fuere, cuatro suelen ser los factores que marcan esas preferencias: el salario, un horario que permita equilibrar la vida laboral y el tiempo libre, un buen ambiente de trabajo y la posibilidad de crecer profesionalmente. 

El primero de estos condicionantes, el del salario, vuelve a emerger como un factor clave, o al menos así se deduce de las reivindicaciones que han llevado a movilizar a algunos colectivos que, a dos meses de la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo, han convocado huelgas en la administración pública para lograr mejores condiciones laborales. En Aragón, esta circunstancia se ha visto reflejada en el sector sanitario y en la administración de Justicia, a través de los secretarios judiciales. El resultado de las negociaciones ha sido una mejora sustancial en las nóminas de todos ellos, en la mayor parte de los casos muy por encima del IPC. 

Sin embargo, la legítima aspiración de lograr un mejor sueldo no se ve cumplida en todos los casos y es cada vez mayor la brecha económica que separa el empleo público del privado. Los últimos datos del INE confirman una tendencia que se lleva produciendo en los últimos años y que se traduce en una profunda brecha del 32% (900 euros) a favor de los funcionarios respecto a quienes trabajan para una empresa. Asimismo, en el rango de ingresos más bajos, (unos 1.366 euros brutos mensuales), la proporción de empleados del ámbito privado es casi cinco veces mayor que la de quienes trabajan en el sector público. 

Los últimos datos del INE confirman una tendencia que se lleva produciendo en los últimos años y que se traduce en una profunda brecha del 32% (900 euros) a favor de los funcionarios respecto a quienes trabajan para una empresa privada

El debate es profundo y también lo son sus consecuencias en un momento en el que la evolución de los salarios pactados en los convenios colectivos apenas alcanzó en febrero el 2,9% frente a una inflación del 6,1%. La pérdida de poder adquisitivo, por tanto, afecta mucho más a algunos sectores de la población. En el caso de Aragón, en términos globales, hay unos 106.000 trabajadores del sector público frente a 477.500 del ámbito privado. La pregunta es: ¿qué consecuencias puede tener esto?

Estos desequilibrios salariales se vieron agravados durante la crisis de 2008, que provocó un tsunami con el cierre de miles de empresas en toda España. La política de austeridad y contención fue mucho más acusada que en la administración pública en un momento en el que la inflación no castigaba como lo hace ahora y se situaba incluso por debajo del 1%. La falta de personal en algunas profesiones como en la hostelería, el sector de la construcción y el transporte, por citar solo algunos ejemplos, tiene su origen en la destrucción de un tejido productivo que quedó muy tocado y que se ha ido recomponiendo con mucho esfuerzo. Dadas las circunstancias y los precedentes, no es de extrañar que opositar sea una de las opciones preferidas entre los jóvenes, lo que supone una traba a la hora de fomentar la actividad privada e impulsar el tejido productivo. 

No es de extrañar que opositar sea una de las opciones preferidas entre los jóvenes, lo que supone una traba a la hora de fomentar la actividad privada e impulsar el tejido productivo

La segunda de las conclusiones lleva a la necesidad de que algunos sectores que están logrando pingües beneficios apliquen subidas salariales este año ahora que parece que la inflación comienza a dar un ligero respiro. Ser competitivos y productivos requiere de un capital humano formado, cualificado y con una remuneración adecuada. 

Por tanto, sería conveniente que tras los comicios del 28 de mayo, los agentes sociales, las empresas y el Gobierno se sentaran a analizar un escenario que obliga a corregir algunos desequilibrios que pueden pasar factura. La cerrazón de la CEOE en los últimos tiempos no lleva a ningún lado y los contrastes entre lo público y lo privado tampoco ayudan.