Bancos de alimentos en vilo
El sistema a partir del cual se distribuyen en España las ayudas alimentarias financiadas por la Unión Europea (el Fondo de Ayuda Europeo para los Más Necesitados, FEAD) cambiará a partir del año próximo. Se trata de un nuevo mecanismo que prioriza dotar de fondos las tarjetas monedero que distribuyen los distintos servicios y entidades sociales frente a la compra de alimentos en especie y su distribución a través de los bancos de alimentos. Y el balance de ventajas e inconvenientes de uno y otro procedimiento no está claro.
Hasta ahora, el FEAD distribuía fondos europeos a cada Estado miembro. En España, el Ministerio de Agricultura adquiría con ellos productos al por mayor y se subvencionaba a dos entidades (la Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz Roja)para que gestionasen su distribución a las distintas entidades sociales que los hacen llegar a decenas de miles de personas en situación de pobreza. Cerca del 20% de su suministro, y el apoyo para el funcionamiento de estos organismos, llegaba a través de esta vía, que se unía a las donaciones privadas o los acuerdos para evitar el desperdicio alimentario con industrias y cadenas comerciales. Ahora, el programa europeo se ha modificado (integrado junto con otros en el Fondo Social Europeo+) y esa financiación europea se dirigirá, a través de las comunidades autónomas, a dotar de fondos las tarjetas monedero que distribuyen, con la colaboración de instituciones bancarias, desde los servicios sociales municipales hasta Cáritas o Cruz Roja.
Las entidades promotoras de estos nuevos servicios tienen muy claras algunas de sus ventajas. Evitan la estigmatización, integran esta prestación en el conjunto de la atención de los servicios sociales, facilitan el acceso a alimentos frescos y son más respetuosas con la autonomía de decisión de los beneficiarios. Los gestores de los bancos de alimentos, en cambio alegan que suponen una utilización menos eficiente de los recursos, ya que con el mismo dinero se podrán adquirir menos productos a través de compras al menor en supermercados que con el sistema de compra unificado del ministerio, reducirá el número de beneficiarios y pondrá en riesgo el funcionamiento de los bancos de alimentos que no logren suficientes donaciones privadas y colaboración de voluntarios.
Derivar la última milla de este sistema de garantía última para las familias en situaciones más precarias hacia servicios más normalizados que las colas del hambre es un avance. Es posible que la aportación de financiación adicional por parte de los servicios sociales de las comunidades autónomas y ayuntamientos pueda servir para que esa mejora no implique que sean menos familias las que se puedan beneficiar de ellas. Pero es un riesgo que no se puede correr cuando la inflación, especialmente sensible en la cesta de la compra, hace que cada vez más familias, no solo las que se encuentran en pobreza extrema, requieran de ayudas para cubrir los más elementales derechos y necesidades. Cabe analizar claramente cuál de los dos sistemas maximiza el rendimiento de los fondos dedicados a ellos. Y, sobre todo, tener en cuenta que el papel de los bancos de alimentos (como gestores de todas esas otras donaciones y como suministradores de otras entidades más allá de la entrega directa de alimentos a las familias) seguirá siendo necesario, y no debe quedar sin el apoyo público necesario para seguir prestando sus servicios.
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