Gobierno de los jueces

Los jueces son tan solo la boca que pronuncia las palabras de la ley. Esta frase del barón de Montesquieu, tan citada se ha convertido en lugar común para juristas, políticos y periodistas. Muchos juristas creen en la neutralidad de los jueces y, por ello, se desentienden del estudio de la cultura, el origen social, la formación y la ideología de los ciudadanos que ejercen la función jurisdiccional. Pero Montesquieu «no dejó definido cómo podía organizarse un sistema que preservase la independencia del poder judicial» lo que puede convertir al juez «en más de una ocasión en ‘opresor». Es decir: reconocía que los jueces eran personas, con filias y fobias, les pedía dejarlas de lado para ser neutrales, pero no explicaba cómo hacerlo o cómo garantizarlo. Como defendía el juez argentino, Raúl Zaffaroni, «no es posible imaginar un juez que no tenga [ideología], simplemente porque no hay hombre que no la tenga». El «juez eunuco político» según Griffith, es una imposibilidad antropológica.

La fe en la supuesta neutralidad de los jueces ha escondido su enorme poder y la relevancia de su bagaje vital, cultural y político. Hoy abundan los estudios de politólogos, historiadores, sociólogos y juristas sobre las personas que desempeñan tareas legislativas o ejecutivas. A nadie escapa la importancia del origen social y del estatus económico o de la ideología de alcaldes, diputados o técnicos del gobierno. Sin embargo, poco ha interesado a la academia tal hecho sobre los jueces. Por ello, son muy pertinentes las reflexiones de Silvina Ribotta en su artículo: ¿Qué juezas y jueces debe tener un Estado Democrático? Análisis de los criterios de selección y formación de jueces y juezas. En los Estados democráticos las personas que acaban siendo juezas y jueces no son representativos de la diversidad de la sociedad. En general, la judicatura no muestra de manera equilibrada y proporcional la diversidad de sexo-género e identidades sexuales, étnica-racial, cultural, religiosa, económica, política, lingüística, de capacidades, entre otras diversidades, existentes en las sociedades en las que administran justicia. La composición de la judicatura no traduce las pluralidades, lo heterogéneo de las sociedades que juzga y sobre las que aplica normas jurídicas, sino que, por el contrario, en general, está integrada por sectores de la sociedad que representan, en mayor o menor medida, el poder social, político y económico de la sociedad. La integración suele no resultar, por ende, genuinamente igualitaria en el sentido de incluyente y representativa de la diversidad social, teniendo una menor representación, o ninguna, grandes grupos de la sociedad que no sólo están ausentes como representación física, sino que también se produce invisibilización de sus relatos, historias de vida, intereses, problemas que constituyen sus vivencias y la interpretación situada de estos intereses y problemas en relación al Derecho y a la justicia. Se sobrerrepresenta a unas personas, sus intereses y sus concepciones sobre la justicia y el derecho, mientras se subrepresenta a grandes sectores de la sociedad, haciéndose más notorio cuanto más desigualitaria sea la sociedad.

Parece claro que los jueces son una élite en nuestra sociedad. Sin entrar en más profundidades, el acceso a la carrera judicial exige haber cursado el grado en Derecho y el largo proceso de preparación para unas oposiciones, que, como término medio, son cinco años, con el consiguiente gasto en preparadores; es obvio que no están al alcance de la gran mayoría de la sociedad. Esa extracción social de la judicatura tendrá sus secuelas a la hora de impartir justicia.

Esta claro que los jueces tienen una ideología y un gran poder político. Lo constatamos hoy en España. Uno de los problemas más graves de nuestra democracia es la judicialización de la política. Wendy Brown en el artículo Ahora todos somos demócratas habla de desdemocratización en la política actual, ya que cada vez más se judicializan asuntos políticos. Los tribunales han pasado de decir qué es lo que está prohibido a decir lo que ha de hacerse; de ejercer una función limitativa a otra legislativa, usurpando tareas propias de la política democrática. Si vivir sometidos a la primacía del derecho es un pilar en democracia, el gobierno de los tribunales equivale a una subversión de la democracia. Una decisión estrictamente política, tramitada por el poder legislativo como es una ley de amnistía, todavía no aprobada, está condicionada a los movimientos de la justicia. Lo cual supone un ataque frontal a la división de poderes en una democracia. Por ello, recuerdo las palabras de Vicente Guilarte, presidente del CGPJ, en la entrega de despachos a la 72ª promoción de la Carrera Judicial: «Recordad siempre que vuestro poder es inmenso, pues incide en los derechos fundamentales de las personas. Derechos que debéis proteger y, a veces, limitar», y citando un pasaje de Cien años de soledad señaló que la ley es un instrumento «que, utilizado desviadamente, puede resultar enormemente nocivo» y que el derecho, «en manos de desaprensivos, es instrumento peligroso». «La independencia es, básicamente, el aislamiento respecto a la influencia de otros poderes del Estado. Y la independencia, garantía de los ciudadanos, es bidireccional: ni yo influyo en la actividad política, aunque alguna vez tengáis la tentación de hacerlo, ni quiero que influyan en la mía».

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