Regeneración contra degeneración

Los medios de comunicación no deben hacer seguidismo del poder político. Pero tampoco pueden dejar los debates en manos de los partidos y sus dirigentes. España, una democracia plena de la UE, necesita hacer frente a los desafíos de la época actual, exactamente igual que sus vecinos. Y arrastra también aspectos institucionales mejorables desde la arquitectura definida por la Constitución de 1978 que es, sin duda, la más exitosa de la historia española. Desgraciadamente, en la última década, los dos principales partidos han sido incapaces de pactar reforma alguna e incluso no han conseguido ejecutar algunas previsiones constitucionales. Esa incapacidad ha alejado a muchos ciudadanos de la política y ha dado alas a quienes no proponen reformas sino rupturas con una fuerte carga ideológica y alejadas del consenso europeo. Con todo, seguimos pensando que la regeneración democrática no solo es necesaria sino también posible y los medios podemos contribuir con una información veraz sobre las propuestas que se pongan sobre la mesa y con un debate sereno en base a argumentos y no a emociones, a datos y no a percepciones, con vocación estratégica y lejos de los tacticismos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió esta semana de su retiro autoimpuesto con «más energía que nunca» para impulsar una regeneración democrática. Sin concretar, ha insinuado que se debería centrar en dos aspectos: el gobierno de la justicia y la regulación de los medios de comunicación. Y alguno de sus socios, Sumar, ha apostado por alterar las mayorías necesarias hasta ahora para afrontar estas reformas. Aceptada la necesidad de una regeneración, hay que definir ahora el qué hay que reformar, el cómo y el con quién. Afrontamos desde hoy este desafío porque la regeneración será simplemente degeneración si acaba en una reforma por mayoría simple de los órganos de gobierno de los jueces o con una ley intervencionista de los medios de comunicación. Todas las democracias occidentales están sometidas a la presión iliberal, pero la alternativa no puede basarse en el autoritarismo edulcorado con unas buenas intenciones y un ejercicio de manipulación emocional. Enfocar este debate a partir, por ejemplo, del señalamiento de medios de comunicación o de jueces con conceptos como el de lawfare es condenar la regeneración, una vez más, al fracaso. Y aunque la responsabilidad sea menor, es también obligación de la oposición proponer su propio modelo de regeneración y confrontarlo sin dedicarse únicamente a poner en evidencia al Gobierno.

Hay muchos más aspectos a reformar que los que ha puesto encima de la mesa el presidente del Gobierno. La sociedad debe expresar cuáles son sus prioridades, que no tienen por qué ser las de quienes ostentan el poder. Las reformas deben siempre contar con el mismo consenso que tuvieron en su momento las leyes reformadas. El debate debe organizarse con una base racional y no meramente emocional. El marco de referencia debe ser en todo caso el ordenamiento jurídico de la UE. Los que proponen reformas deben ser los primeros en aplicarlas allí donde pueden, y el Gobierno puede en muchas cosas, como la equidad en el trato con los medios de comunicación, el respeto a las decisiones de los jueces o la lucha contra los bulos o la corrupción. Nuestras condiciones son estas.

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