La oposición critica el secretismo del Gobierno con Gran Scala

En el principal grupo de la oposición, el PP, el malestar es patente --explicaron fuentes parlamentarias-- ante la falta de información oficial cuando se trata, sobre el papel, del mayor proyecto de inversión previsto en la historia de la comunidad. Con todo, los conservadores no se han mostrado opuestos a la iniciativa en sí.

El PP ha pedido la comparecencia del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, que deberá hablar en el próximo pleno ordinario de la Cámara, fijado para el 13 de diciembre. Larraz no formó parte de la comisión interdepartamental creada en la DGA para hacer el seguimiento de la iniciativa, cuyo proyecto prevé una inversión de 17.000 millones y la creación de 62.500 empleos.

CHA ha optado por un compás de espera hasta "ver exactamente en qué términos se plantea". "Tenemos experiencia de anuncios de grandes proyectos que luego han sido otra cosa", señaló su portavoz de asuntos económicos, Chesús Yuste, que considera positivos algunos de los datos que han difundido los medios, como los referentes a la inversión y el empleo, "especialmente cuando se trata de una comarca deprimida", como Los Monegros. Sin embargo, añadió, "también hay elementos negativos y dudas, como las que provocan los aspectos ambientales, por los que debe velar la DGA". Al mismo tiempo, estimó que "chirría mucho" el anuncio de que el proyecto requerirá una ley a medida y consideró "una desmesura" la previsión de instalar 32 casinos.

Yuste, que anotó que "las dudas e incertidumbres debe despejarlas la empresa" promotora, destacó la importancia de conocer la ubicación para valorar el proyecto. "Si se ubica cerca de Zaragoza, no significará desarrollo rural sino actuación inmobiliaria", dijo.

COMISIÓN EUROPEA IU, por su parte, ha sido hasta ahora la única formación política que se ha posicionado en contra del proyecto. También ha sido la más activa, ya que ha presentado cuatro iniciativas ante las Cortes y dos en el Congreso. En la Cámara Baja, ha preguntado al Gobierno central qué información tiene sobre el proyecto y cuál le ha dado la DGA y ha pedido copia. En el Parlamento autonómico ha solicitado al Pignatelli la entrega del "proyecto y documentación disponible" sobre el asunto, la presentado una interpelación, ha reclamado la comparecencia del vicepresidente José Ángel Biel ante la Comisión Institucional y ha presentado una proposición no de ley. En esta propone la reprobación de la DGA por el "sistemático déficit democrático, social e institucional" con el que está gestionando el asunto; muestra su rechazo al proyecto e insta al Gobierno autonómico a "orientar sus esfuerzos" hacia la atracción de "actividades productivas basadas en empleos tecnológicos, industriales y de aprovechamiento de los recursos endógenos".

IU también ha intentado incluir este proyecto en la denuncia presentada ante la Comisión Europea por el desarrollo urbanístico del Pirineo y el área metropolitana de Zaragoza. Bruselas exige que presenten algún documento oficial para hacerlo.

El coordinador regional de IU, Adolfo Barrena, acusó a la DGA de "vulnerar las reglas del juego democrático" e indicó que la materialización del proyecto tal y como se anuncia vulneraría dos leyes: la de Urbanismo, ya que no encajaría en la catalogación de "proyecto supramunicipal" , y la de Aguas, por no haberse estudiado la existencia de recursos. Barrena criticó "los delirios de grandeza de de quienes sin respeto a las reglas del juego democrático se permiten jugar al monopoly".