La relación entre Cataluña y Aragón por la asistencia sanitaria a los usuarios de la Franja ha estado plagada de dimes y diretes. Tras la firma del convenio entre ambas comunidades, ya en el 2005, tanto la anterior consejera catalana de Salud, Marina Geli --que firmó el acuerdo--, como el actual Boi Ruiz han expresado su malestar por el elevado coste económico que supone el pacto, que especifica expresamente que no conlleva compensación económica alguna. Y que puede ser cancelado por cualquiera de las dos partes.

Durante este año, la Generalitat dio a conocer el coste de la atención sanitaria a los aragoneses de la Franja, algo más de 10 millones de euros --una cifra cinco veces inferior a la reclamada actualmente, 50 millones de euros, aunque se incluyan otros conceptos--. Esto no sentó bien al Ejecutivo aragonés. Aunque nunca ha habido un pronunciamiento crítico como Gobierno, el PAR --socio en el Ejecutivo, entonces con el PSOE-- no dudó en denunciar que Cataluña se saltase el acuerdo de confidencialidad que impide cuantificar el coste de asistencia mutua.

TIRANTECES No ha sido el único episodio de tiranteces. En el 2009 la Generalitat de Cataluña solicitó que los enfermos crónicos aragoneses que precisaran estancias de larga duración fueran trasladados a centros aragoneses. Y el episodio más reciente ha llegado a la Fiscalía, dado que los centros de salud catalanes tienen prohibido extender recetas a los pacientes crónicos de otras comunidades. El objetivo de todas estas iniciativas, dar un respiro a las maltrechas arcas sanitarias catalanas, que han conllevado recortes que también han causado preocupación en la Franja.

Por el momento, el consejero de Sanidad aragonés, Ricardo Oliván, ha pedido a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, una reunión bilateral para tratar los asuntos pendientes que pueden provocar conflictos entre las comunidades. Oliván apuesta por una solución global que cuente con el respaldo de todos los implicados, de modo que se cuente con protocolos de actuación comunes.