El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, acaba de instar al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón a analizar y supervisar la gestión de los puntos de encuentro familiar. Una petición que realiza después de que una mujer maltratada interpusiera una queja ante esta institución e incluso una denuncia en el juzgado por considerar que sus hijas, de 9 y 12 años, han estado en ocasiones en riesgo ante determinadas actitudes del padre de ambas. Esta mujer, Ana María Sarmentero, llegó a denunciar ante la Policía Nacional, que el progenitor accedió al centro con un cuchillo. En otras ocasiones, su estado de embriaguez ha hecho que fuera detenido delante de las propias menores.
García Vicente resalta en su escrito que de toda la documentación recabada se extrae una serie de datos que «pueden ofrecer dudas» sobre determinadas actuaciones llevadas a cabo por el punto de encuentro familiar al que acuden estas niñas para ver a su padre. Se apoya especialmente en un informe realizado por los Servicios Sociales de Utebo en el que se indica por parte de la psicóloga del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que es la que trata a las menores, su «preocupación ante la ambivalencia que, a su juicio, se desprende de los escritos del punto de encuentro, que dificultan que el juzgado tome medidas contundentes a favor de la protección de ambas niñas». «Creeemos necesario trasladar esta institución, así como que el padre tiende a amenazar a los profesionales», recalca.
ASUNTOS
Bajo la premisa de que departamento de asuntos sociales de Utebo «es un organismo cuyo interés es velar por el bienestar de las hijas menores y su imparcialidad no puede por tanto ponerse en entredicho», el Justicia resalta que las menores «están horas fuera y que incluso su padre la lleva a bares y consume alcohol». Una circunstancia que no le está permitida a este progenitor, puesto que el régimen de visitas es siempre tutelado. En el escrito enviado a la DGA, García Vicente destaca que el propio punto de encuentro, subcontratado a la empresa Eulen, reconoce que «sus técnicos intervienen como pueden en estos momentos de incidencia, no obstante las herramientas de las que disponemos son limitadas». De hecho, los administradores del mismo señalan que «como la situación se está repitiendo en el tiempo, solicitamos a la autoridad juicial que tome alguna medida si así lo estima oportuno».
Otra incidencia que constata el Justicia de Aragón es en lo relativo al uso del teléfono móvil. Cuestión que está prohibida. Sin embargo, en los informes emitidos por el propio punto de encuentro familiar se admite que «sí se ha permitido porque este tipo de discursos se perciben como elementos que facilitan la dinámica entre progenitores e hijos; incluso se reconoce que se utilizó el móvil para grabar alguna imagen ante lo cual el padre de las menores fue amonestado». No obstante, la madre de estas dos niñas, Ana María Sarmentero, afirmó que la utilización del terminal móvil fue para grabar un vídeo musical a una de las niñas y colgarlo en una aplicación de Internet.
Todo ello, en opinión del Justicia, conlleva que «un posible mal seguimiento no sólo supone un incumpliento de lo dispuesto por el juez, sino que además supone un perjuicio irreparable para el padre y para el menor».
Por su parte, Ana María Sarmentero solicita a la DGA que «se involucren más en proteger a las mujeres». «Lucho por mí, pero también por el resto», resalta, mientras pide que no solo se vigile de cerca el día a día de los puntos de encuentro, sino que también «se tenga en cuenta los conflictos que hay detrás y que se incremente la seguridad con un Policía o con un agente de seguridad privada». Sobre su marido pesa una orden de alejamiento de 300 metros.
