Hacer regadíos o poner placas fotovoltaicas. A esta disyuntiva se enfrentan los agricultores de Fraga, donde la fiebre inversora de los promotores solares está poniendo en riesgo el desarrollo de un proyecto de regadío social de 2.700 hectáreas, con visiones contrapuestas sobre su idoneidad. Algunos propietarios prefieran poner en alquiler sus fincas para ubicar este tipo de instalaciones energéticas en lugar de destinarlas a cultivos agrícolas, un sector con gran pujanza en esta zona. Las razón no es otra que las elevadas rentas que les prometen dar las empresas solares.
El boom de las energías renovables en Aragón está generando conflictos en el territorio, ya sea por razones medioambientales o por el choque de intereses con sectores como el turismo o la agricultura. La capital de Bajo Cinca es un claro ejemplo de esto último, lo que ha llevado a su ayuntamiento a tomar cartas en el asunto. Hace tres meses y sin el rechazo de ningún grupo político, el consistorio oscense aprobó una moratoria de hasta un año para la concesión de licencias municipales de obras y de actividad económica a las instalaciones fotovoltaicas situadas en terrenos no urbanizables.
La corporación fragativa, que preside la alcaldesa Carmen Costa (PP), atribuyó la decisión a la avalancha de proyectos solares que recibe, con hasta 12 iniciativas para huertos solares con una extensión total de 1.200 hectáreas, algunos situados en zonas de secano que se quieren transformar en regadío como el plan de Monegros II o Les Puntes. La suspensión durará hasta que se redacte una ordenanza para regular este tipo de instalaciones y "compatibilizarlas" con el respeto a las actividades agrícolas y ganaderas y con el cuidado del paisaje y el medio ambiente.
Aunque el ayuntamiento no lo dice abiertamente, la moratoria trata de proteger también la puesta en marcha del regadío social de Les Puntes, de 2.700 hectáreas, que empezó a impulsarse hace ya 15 años. Tras muchos altibajos y haber resuelto todos los impedimentos medioambientales, el proyecto se encuentra en la recta final pero se ha topado con un nuevo obstáculo: la fotovoltaica. Unos 30 de los más de 250 propietarios de los terrenos han mostrado su interés por salirse del proyecto, muchos de ellos para arrendar sus tierras a promotores solares que dicen ofrecer entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea al año.
Amenaza u oportunidad
"Esos precios son muy suculentos. En ningún tipo de agricultura se puede lograr ese rendimiento. Pero creo que hay un poco de humo. Nadie regala nada", sostiene Mario Cabrera, presidente de esta asociación de regantes, quien defiende la apuesta por el regadío por ser "una fuente de riqueza" que genera empleo, asienta población en el territorio y favorece la implantación de empresas de transformación agrícola.
No obstante, expresa su respecto a quienes se decantan por la fotovoltaica. "Han entrado con dinero y entiendo a la gente. Todo es bueno para el territorio. Ojalá ambas cosas pudieran convivir". asevera. La última palabra sobre el proyecto de Les Puntes, dice, la tendrán los socios, que en asamblea deberán decidir si siguen adelante o no con el regadío. "No somos gente de conflicto. Será lo que tenga que ser", concluyó.
Para que vea la luz han de darse antes otros pasos. La pelota está ahora en el Gobierno de Aragón, que debe aprobar de forma definitiva a la concentración parcelaria, cuyo plan provisional ha recibido recursos de alzada de esos 30 socios que quieren abandonar la iniciativa. Si se produce su salida, el proceso debería de volverse a reiniciar y se complicaría más aún un desarrollo ya de por sí complejo. "Será triste perder 15 años de trabajo y esfuerzo", se lamenta Cabrera. También está pendiente la autorización de la CHE para la creación de la comunidad de regantes y la cesión de caudales que permita elevar el agua desde el pantano de Mequinenza.
Los socios díscolos, que cuenta con asesoramiento legal, se han organizado para defender su derecho a abandonar el proyecto agrícola y han interpuesto un recurso de reposición contra la moratoria solar. Alegan que el regadío social es "inviable económicamente" por los elevados costes que tendrá el agua y defienden la oportunidad que suponen para el municipio la energía fotovoltaica.
"Es un gran motor de desarrollo. Todos nos beneficiaríamos, también las arcas del ayuntamiento en forma de impuestos", sostiene Yolanda Cruellas, una de las afectadas por la decisión municipal. "Hay proyectos que se pueden frenar", advierte, al tiempo que recuerda que Fraga es uno de los municipios de Aragón con más termino municipal.
