Los mayores de Aragón reclaman mayor agilidad para tramitar la dependencia y eliminar la brecha digital

Mejorar las pensiones, rebajar la burocracia y agilizar las resoluciones en dependencia e implementar medidas para eliminar las dificultades digitales de los mayores. Estas son algunas de las propuestas realizadas por CCOO Aragón durante la presentación del Observatorio social de las personas mayores, que recoge datos nacionales en comparación con Europa pero también las “diferencias” entre las comunidades autónomas.

Así lo han manifestado esta mañana el secretario el secretario general de CCOO en Aragón, Manuel Pina, secretario estatal de la Federación de Pensionistas del sindicato, Juan Sepúlveda, y su representante regional, Benito Carrera, al hablar del documento que analiza la calidad de vida de los mayores, los servicios sociales, la dependencia, la sanidad pública, las residencias o la digitalización, todos ellos aspectos trasferidos a las autonomías, además de las pensiones, en este caso nacional.

En relación a Aragón, Benito Carrera ha destacado que en la comunidad hay actualmente 308.943 pensionistas que cobran una media de 1.263 euros al mes, superior a la española de 1.193 euros, así como 73.236 viudos o viudas que perciben en torno a los 894 euros, 44 más que los del resto del país.

Los datos aportados muestran que la esperanza de vida de los hombres es de 81 años mientras que la de las mujeres se sitúa en 86, aunque, según ha explicado este responsable sindical, la calidad de vida es superior en el caso de los varones.

También se referido a la necesidad de "reflexionar" en torno a la cuantía establecida para las pensiones no contributivas, un total de 473 euros mensuales en Aragón que perciben actualmente 4.809 personas en la Comunidad.

El responsable de la Federación de Pensionistas de CCOO en Aragón ha incidido en el funcionamiento del sistema de la dependencia en Aragón, con 51.265 peticiones de las que ya se han resuelto alrededor de 46.000, un proceso, a su juicio, todavía condicionado por la burocracia y la "impericia" a pesar del plan de choque impulsado desde el Gobierno central de destinar 3.600 millones a las comunidades entre 2021 y 2023.

A este respecto, ha valorado el decreto dictado el pasado 30 de marzo por la Consejería de Ciudadanía del Gobierno aragonés para mejorar el funcionamiento del sistema y reducir el tiempo de espera para las valoraciones, aunque ha exigido al tiempo mayor transparencia en el departamento a la hora de informar a los sindicatos sobre las tramitaciones realizadas y una simplificación del proceso de solicitud, que exige ahora rellenar nueve folios con multitud de datos.

Acceso a las residencias

También ha expresado su preocupación por la situación de las residencias para mayores en Aragón, actualmente, según ha informado, un 70% de propiedad privada, con cuotas mensuales de 1.700 a más de 2.000 euros que dificultan a los pensionistas acceder a ellas.

Carrera ha resaltado, por otra parte, que el actual sistema residencial en Aragón está "muy despersonalizado" y ha reclamado residencias de menor tamaño con una gestión enfocada hacia la persona así como cambios normativos que permitan hacer frente a la carencia de personal formado en estos centros y que corrijan la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

Respecto al proceso de formación digital, el responsable sindical ha revelado, además, que sólo un 28% de las personas mayores en Aragón utilizaron internet en los últimos tres meses, y que un 34% lo han hecho una única vez.

Además, ha indicado, un 6,5 % de los mayores en Aragón se sirvieron en 2021 de la banca digital para realizar trámites, uno de los porcentajes menores del conjunto del país.

En su intervención, ha reclamado también la necesidad de "hacer pedagogía" a favor de la sanidad pública dado el progresivo incremento de personas que recurren a la privada, hasta un total de 10,5 millones en el conjunto del país.

Una situación que, según el responsable federal de Pensionistas de CCOO, "adelgaza el músculo" de la sanidad pública en favor de la privada y que, según su opinión, exigiría elevar las aportaciones a la pública desde el actual 6,4 % del PIB a un 7,5 %.