La derogación de la ley de Memoria Democrática pone en jaque las exhumaciones en Aragón

Fue el 5 de agosto de 1939 cuando las Trece Rosas fueron fusiladas cuatro meses después de acabar la guerra civil. Sucedió en la tapia este del cementerio de La Almudena, en Madrid, tras ser acusadas por la dictadura de Franco de rebelión. Hoy, 84 años después, se celebró un homenaje bajo el título Que mi nombre no se borre en la historia. Un mensaje que este sábado ha cobrado especial importancia en Aragón, donde PP y Vox han acordado dar carpetazo a la ley de Memoria Democrática actual, aprobada en 2018.

Las consecuencias, dicen las asociaciones memorialistas y arqueólogos, son importantes. Básicamente por una razón, porque el Gobierno aragonés dejará de apoyar económicamente las exhumaciones, los estudios antropológicos y los análisis genéticos de los cuerpos hallados hasta la fecha en distintas fosas comunes. La última en Castiliscar, donde se han encontrado una decena de cuerpos.

«Por suerte hay una ley estatal (aprobada en octubre de 2022) y no van a poder cumplir con su propósito», explica la presidenta de la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón (PAMA), Anabel Lapuente, que denuncia que tanto PP como Vox «quieren borrar del papel la historia». «No lo van a conseguir», recalca.

Exhumación en Castiliscar: Dos fosas y una veintena de historias por desenterrar

El arqueólogo y miembro de la asociación memorialista Charata, Javier Ruiz, que ha dirigido la exhumación de Castiliscar --entre otras muchas-- impulsada por el ayuntamiento de la localidad y financiada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), alerta de que el problema será principalmente económico. «Hay una ley superior que nos ampara, pero podrán retirar todos los monumentos conmemorativos y dejarán a cero la financiación. Así es cómo nos van a hacer daño, frenan el plan de fosas», explica.

En realidad, el Gobierno de Javier Lambán, el mismo que logró sacar adelante en 2018 la ley de Memoria Democrática que derogará Jorge Azcón como presidente, ya recortó la partida, reduciéndola a la mitad hasta los 262.000 euros en 2023. La Diputación de Zaragoza reserva unos 150.000 euros, mientras que las de Huesca y Teruel no destinan dinero alguno a estas actuaciones.

Exhumaciones pendientes

Entre las exhumaciones que peligran se encuentra la segunda fase de la fosa común de Gurrea de Gállego, «donde teníamos que completar el trabajo» y donde ya se hallaron los cuerpos de 15 hombres y nueve mujeres buena parte de ellos de filiación anarquista y sindicalista. Su primera fase se hizo gracias a esta ley, que también facilitó la exhumación de la primera alcaldesa democrática de España, María Domínguez, cuyos restos fueron arrojados a una fosa común tras ser fusilada en Fuendelajón.

Exhumada una fosa de 18 metros de largo en Gurrea de Gállego con 15 víctimas civiles

«Solo con la financiación que pueda llegar del Estado y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) va a ser insuficiente», explica este Javier Ruiz. Por ejemplo, para la exhumación en Castiliscar se consiguieron alrededor de 15.000 euros de financiación «con los que no llegamos a cubrir todo el proceso», apunta Ruiz, que resume la importancia de las ayudas señalando que «solo el análisis genético de un esqueleto suponen unos mil euros». Hay que sumar el equipo humano que trabaja, los estudios antropológicos y genéticos y los posteriores entierros u homenajes que suelen celebrarse en recuerdo de los familiares.

Esta es una de las palabras que recalcan desde la plataforma de asociaciones memorialistas. «Son familiares nuestros», repite Lapuente en más de una ocasión. «Vamos a seguir adelante porque ni PP ni Vox pueden hacernos retroceder en el tiempo. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y no nos vamos a poner una venda en los ojos», afirma Lapuente, que acusa a Jorge Azcón y su futuro gobierno de «cobardes» por querer «ocultar la historia».

Exhumada María Domínguez, primera alcaldesa democrática de España, de la fosa a la que fue arrojada en 1936

La ley aragonesa obligaba a retirar cualquier vestigio del franquismo. Es más, impedía acceder a subvenciones a los ayuntamientos que mantengan símbolos franquistas. También recogía la actualización del mapa de fosas, más de 600 en las que están enterrados 10.000 aragoneses; la puesta en marcha de un protocolo de exhumaciones y la creación de un depósito de ADN homologado.

Ya en 2018, el PP criticó que la norma era más bien «de memoria selectiva» al ser «involucionista» y «excluyente» por condenar las violaciones de los derechos humanos acaecidas desde el 36 hasta la aprobación de la Constitución, excluyendo la Segunda República.