Los expertos piden cambios para reducir las expulsiones en las aulas

El uso y, sobre todo, la utilidad del recurso de la expulsión de las aulas es desde hace años uno de los grandes problemas que no acaba de resolver el sistema educativo español. Mandar a un alumno a casa es una práctica que puede solucionar, a corto plazo, el clima de las clases pero que raramente conlleva alguna mejoría en el comportamiento a futuro del infractor. Más bien al contrario. Pero lo cierto es que las expulsiones, a pesar de que cada vez crecen más los estigmas a su alrededor, siguen siendo un recurso muy empleado.

«Sí, se sigue utilizando esta medida como último recurso y cuando creemos que es la mejor de las opciones», reconoce Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en Aragón (Adiaragón). Y es que la expulsión para el profesorado a veces es la única alternativa. «Conflictos hay a diario. La diversidad del alumnado hace que tengamos que intervenir en ciertas ocasiones en situaciones muy complejas. Intentamos que todo el alumnado se sienta seguro en los centros educativos y venga a clase a trabajar feliz. Todos tenemos derechos pero también deberes. Si la convivencia falla, falla todo lo demás», recuerda García.

Las sanciones cuando se incumplen las normas de convivencia en los centros educativos están reguladas por la carta de derechos y deberes de la comunidad educativa de Aragón que, después, cada centro concreta en su plan de convivencia y en su reglamento de régimen interno. «La expulsión es lo último y se aplica siempre que haya han fracasado el diálogo con el alumno, con la familia, los apercibimientos, la reflexión guiada, la reparación de daños, la mediación..., aunque entiendo que no es una sanción que sea bien recibida», explica la directora de Adiaragón.

Se utiliza siempre como último recurso y cuando pensamos que es la mejor de las opciones

Una opinión, la de Pilar García, que no comparten en Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón). Desde la entidad aseguran que «ha habido siempre y sigue habiendo un abuso en el tema de las expulsiones». Lo cierto es que no hay estadísticas conocidas al respecto, pero sí la confirmación de que siguen estando muy presentes en las aulas.

«A veces da la sensación de que los profesores se quitan el problema de en medio y se lo trasladan a las familias por el desbordamiento que sufren», reflexionan desde Fapar. Es aquí donde surge uno de los mayores dilemas de las expulsiones. ¿Es un castigo para un alumno problemático que lo manden varios días a casa? Para Fapar, todo lo contrario. «Es un regalo, una fiesta. Muchas veces los padres trabajan y pueden levantarse cuando quieran, hacer lo que quieran... no están controlados. Esto incumple sistemáticamente la normativa, ya que las expulsiones deben conllevar un seguimiento educativo», subrayan desde la federación. «Cuando vuelven a clase, el problema persiste y no se nota ningún cambio. No hay que castigar, hay que corregir el comportamiento», puntualizan.

Alternativas

Para evitar que las expulsiones sean pan para hoy y hambre para mañana, Fapar solicita que «se busquen otras posibilidades que tengan un carácter más académico y social». Un ejemplo pionero en ese sentido fue el acuerdo al que llegó el Instituto Lázaro Carreter de Utrillas (Teruel) con Cruz Roja, por el que los alumnos del centro que fueran expulsados realizarían servicios para la oenegé durante el tiempo en el que no pudieran asistir a clase. «Eso es mucho más útil que mandarlos a casa. Pedimos ese tipo de alternativas, ya sea dentro o fuera del entorno educativo. Se podrían firmar convenios con muchas asociaciones e instituciones que fueran beneficiosos para ambos», recalcan desde la federación aragonesa.

«Da la sensación de que los profesores se quitan el problema de en medio y lo trasladan a la familia»

Más tajante en cuanto a la utilidad de las expulsiones se muestra Alejandra Reguero, psicóloga infantil. «Tal y como están planteadas estoy en contra porque para que sea eficaz tiene que haber reparación y mandando a casa al infractor esa circunstancia no se da», explica la terapeuta. «La mayoría de las expulsiones se dan en familias desestructuradas y con padres o madres que sobreprotegen a sus hijos y que no contribuyen en esa labor. No les hacemos ningún favor», añade Reguero.

A pesar de que la expulsión convencional que se aplica en las aulas aragonesas no parece tener ningún beneficio para el infractor, la psicóloga sí que reconoce la función tranquilizadora que tiene la ausencia del alumno conflictivo en el resto de la clase. «Hay situaciones en las que la expulsión es inexcusable, en especial en casos de acoso o agresión», subraya.

Reguero también es partidaria de darle una vuelta a cómo se aplica este controvertido castigo. «Para solucionar hay que trabajar. El alumno no se siente bien cuando tiene un mal comportamiento. No lo hacen por gusto», explica la terapeuta. «Hay que proporcionar herramientas a los jóvenes para que sepan identificar lo que les pasa. Si la intervención se limita a sacar al alumno del colegio es una actuación que está destinada al fracaso», termina Reguero sobre las expulsiones, que parecen ser un mal necesario, pero mal aplicado.

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