Educación hará una evaluación masiva en todos los colegios de Aragón

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha anunciado en la sesión plenaria de este jueves que el Ejecutivo llevará a cabo una "evaluación masiva censal" a los alumnos aragoneses entre el mes de mayo y junio para conocer la realidad de los conocimientos de los alumnos, tras considerar "malos resultados" los obtenidos por los estudiantes aragoneses en el último informe PISA.

Pérez Forniés, que ha comparecido en las Cortes a petición propia para presentar su análisis del reconocido informe educativo, ha anunciado este examen global entre los días 13 de mayo y 7 de junio. Así, Pérez Forniés ha adelantado que la prueba se centrará en los conocimientos de lengua española y matemáticas. Además, la consejera de Educación ha dicho que los alumnos que participarán en este examen serán los de cuarto de primaria y segundo de la ESO.

Por otro lado, la responsable del Departamento de Educación ha adelantado que la corrección "no se llevará a cabo en los propios colegios", sino que se hará "una corrección externa, por un organismo que se encargará de corregir todos los exámenes de los participantes".

El objetivo de la consejería, según ha explicado la responsable, es "resolver los problemas de la comunidad" y la intención es "mejorar la educación de todos los jóvenes de la comunidad autónoma". Además, Pérez Forniés ha defendido la política educativa del PP, ya que "cuando gobierna los niveles educativos mejores y se saca a los alumnos de esos niveles bajos". La consejera de Educación ha asegurado que las acciones del Partido Popular en materia educativa "prepara a los alumnos para desarrollar una vida personal y profesional mejor".

Reacciones

Desde Fapar consideran que esto "no es novedoso", ya que estas pruebas están contempladas tanto en la Lomloe como en la normativa autonómica, y se enmarcan dentro del plan de mejora del aprendizaje para que los resultados hagan que los centros "realicen al curso siguiente un Plan de mejora". De hecho, asegura que en la reunión celebrada en enero, ya les explicaron estas pruebas, que "se realizarán todos los años". Hasta ahora no se habían realizado por la implantación de la nueva ley de educación, por lo que "no se pueden mezclar con los resultados del informe PISA".

Además, en este sentido, piden que "los resultados sean internos y en ningún caso califiquen al alunado ni clasifiquen los centros" y que se haga un "seguimiento riguroso" de los planes de mejora posteriores para garantizar que "realmente sirven" para la mejora que se han diseñado.

En cuanto a los sindicatos educativos, desde CSIF creen que las pruebas "marcadas por ley" sirven para "hacer un diagnóstico pero si no se toman medidas no sirve de nada saber que sacamos malas notas". En este sentido inciden que no se solventan los malos resultados porque "no publica la orden que permite poner el número de docentes para atender las necesidades educativas específicas", señala Mónica de Cristóbal, portavoz de CSIF. Y se pregunta "para qué queremos saber si los resultados son malos si luego no dotan de los docentes necesarios, ni disminuyen el número de alumnos por aula ni las horas de atención directa al alumno".

CGT, por su parte considera «peligroso» si se hacen públicos los resultados, ya que se harían «comparaciones» e insisten también en que «no se puede hablar de calidad de la enseñanza y recortar en docentes». Las pruebas, señala su portavoz, José Luis Ruiz, "no tiene en cuenta la casuística de los centros o el tipo de alumnado". Y ha reconocido que sería "importante saber si estarán a disposición de los centros, porque "a veces se preparan, sobre todo en la red privada y concertada y devalúan las conclusiones". Y concluye con una frase: "Menos evaluación y más poner medidas".

A Guillermo Herráiz, de CCOO, le parece "una pérdida de recursos y de tiempo de las y los profesionales de la educación" porque va a suponer un importante esfuerzo organizativo para los centros y va a alterar las programaciones lectivas". Añade que "como otras propuestas promovidas por la consejera, como la zona única escolar, es innecesaria, ya que no va a aflorar resultados distintos a los de PISA, ya suficientemente sesgados por el diseño de la prueba". Inciden también en que "si el objetivo de la prueba es mejorar la calidad del sistema educativo, debería también explicitar que medidas de apoyo y refuerzo se van a facilitar en función de los resultados"

Para STEA, este tipo de estudios exigidos por el Ministerio de Educación, aunque cada comunidad los realiza a su manera, "pueden ser útiles, siempre que no se utilicen para hacer comparaciones entre comunidades (las cuestiones planteadas son diferentes entre las mismas), ni para hacer un ranquin de centros en Aragón estigmatizado algunos". El sindicato de la enseñanza concluye, Tomás Sancho, cree que "son estudios que pueden ayudar a mejorar la educación, sobre todo al ayudar a introducir mejoras concretas y observar si surten efectos en cursos posteriores, lo importante en estos estudios es mantenerlos en el tiempo y financiar las carencias detectadas centro a centro".

A UGT le gustaría saber "en qué términos se hace esa evaluación. Ya que en muchos casos si se hace de manera externa hay que garantizar que ese contenido lo hayan podido recibir los alumnos y alumnas, garantizar que la etapa educativa sea la adecuada para esa evaluación". También les preocupa los resultados por saber "si el mejor resultado en unos centros u otros va a conllevar que haya segregación del alumnado premiando a los centros con mejores resultados". Por eso, urge que "se debería en aquellos centros con peores resultados dotar de más recursos para poder garantizar la igualdad de oportunidades en la enseñanza".