Parricidio en el Picarral: Las instituciones sabían del "peligro" y la "desprotección" que sufría Laia

Más allá de los estremecedores resultados de la autopsia practicada a Laia, el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Zaragoza escuchó ayer cómo la trabajadora social forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) dejaba en evidencia a la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Girona por devolver la custodia de Laia y sus hermanos a Vanesa Muñoz Pujol. Habló de «informes muy contundentes» que marcaban «la trayectoria de esta señora» y que desaconsejaban esa decisión, aunque luego la propia magistrada hiciera caso omiso y terminara redactando y firmando una sentencia en la que ponía los niños a su cargo. «Hay reiterados intentos de los servicios sociales de Girona con envíos de documentos y llamadas a protección de menores insistiendo en peligro inminente, riesgo alto y desprotección», añadió luego en referencia al Gobierno de Aragón una vez que los niños ya vivían en la capital aragonesa.

Tanto es así que existe un informe del 30 de octubre de 2020, tres meses antes del crimen, en el que se describía a Vanesa como «una madre maltratadora». Nadie hizo nada por evitar que estas criaturas abandonaran el infierno en que se había convertido el número 2 de la calle Sánchez Arbós –«alertaron sobre los cuatro niños, pero hicieron especial hincapié en los dos más pequeños», especificó– y no fue por agentes implicados. El colegio donde estaban escolarizados también reseñó a esta trabajadora social que «los niños faltaban muchísimo» e incluso llegaron a llamar a la madre porque se les veían «chichones exagerados» en la cabeza y «heridas» en las extremidades.

Junto a la trabajadora social forense compareció también la psicóloga forense Cristina Andreu, quien negó rotundamente que la acusada sufriera una merma volitiva o intelectual de sus capacidades que le impidiera asumir la responsabilidad de sus actos. «No hay una discapacidad intelectual, solo es una inteligencia baja, pero en el límite de la normalidad. Por su biografía tan compleja tenía un nivel formativo muy bajo que le impedía dar más, pero era sobradamente capaz de comprender la licitud de los hechos que se juzgan», argumentó Andreu.

Aludió también al «miedo» que hace constar en sus informes periciales, aunque aclaró que Vanesa hacía referencia a él ante la posibilidad de que intervinieran los servicios sociales y le retiraran a los niños. «No era un miedo inminente, era un miedo demorado. Es un miedo del que ella se podía defender y hubo un momento en el que se defendió y recuperó a los niños», razonó.

Andreu también esbozó algunos de los rasgos de la personalidad «compleja» de Vanesa. «Es una persona muy inestable emocionalmente, muy impulsiva y que tiende a mostrarse desafiante. Tiende a mostrar agresividad en situaciones de desacuerdo», describió. Con menor detalle, pero otros peritos también comparecieron para hablar del segundo de los acusados. «Es perfectamente normal y no tiene ningún tipo de merma en su voluntad ni en su inteligencia», dijo otro psicólogo forense.