«Que nadie que quiera quedarse a vivir en Andorra se tenga que ir». Este es el compromiso que adquirió ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su visita a esta comarca deprimida por el fin del carbón. No llegó con un pan bajo el brazo ni conejos en la chistera -«no hay varitas mágicas», recalcó- con los que aplacar la desesperanza sobre el futuro que se vive en esta parte de la provincia de Teruel, pero sí quiso dejar patente que se implicará «al máximo» para que la reconversión económica de la zona sea, por fin, una realidad en el menor tiempo posible. ¿Cómo conseguir esa difícil ecuación? A través, dijo, de un contrato de transición justa pactado entre instituciones y vecinos que comprometerá proyectos de inversión, financiación y la generación de un «marco atractivo» para atraer empresas. El convenio, que seguirá el modelo desarrollado con éxito en enclaves mineros de Francia, se prevé firmar antes del verano y será el primero de este tipo que haya en España.
En un ambiente enardecido y de tensión, Ribera fue recibida con abucheos, pitos y algún encontronazo a su llegada -pasadas las 11.30 horas- al ayuntamiento de la villa minera, a donde llegó acompañada por la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal, y la delegada del Ejecutivo central en Aragón, Carmen Sánchez. Allí le esperaba el presidente aragonés, Javier Lambán, y mantuvo una intensa ronda de reuniones con la corporación municipal encabezada por la alcaldesa, Sofía Ciércoles, el primer edil de Ariño, Joaquín Noé, y representantes de UGT y CCOO, el comité de la térmica y la asociación de empresarios.
En una posterior rueda de prensa, la ministra explicó que el denominado convenio de transición justa marcará «los programas y la financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Este proceso participativo será, recalcó, «de abajo a arriba» y dará un especial protagonismo a los agentes locales a la hora de proponer las alternativas adecuadas, al contrario de lo que ha ocurrido en el pasado con los anteriores planes de reconversión. La puesta en marcha de esta estrategia contará además con la participación activa del Ejecutivo autonómico, a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF).
SIN DOTACIÓN ECONÓMICA
Aunque consideró que es pronto para concretar la dotación económica del convenio, explicó que no se parte de cero, ya que existen ya iniciativas en marcha, como las ayudas para la reestructuración de las cuencas mineras contempladas en el último Plan del Carbón firmado por el Gobierno y los agentes sociales del sector el pasado mes de octubre. Otro de los compromisos ya cerrados son los proyectos de restauración de las minas de Samca de Ariño y Foz Calanda, clausuradas de forma repentina la semana pasada, a los que el ministerio destinará entre 10 y 15 millones de euros.
Ribera abogó asimismo por fijar incentivos fiscales y regionales para atraer inversiones empresariales en la zona y favorecer el emprendimiento local. Recordó que la Unión Europea va a destinar cuantiosos fondos a los países con cierres de explotaciones del carbón. También consideró necesario trabajar en el aprovechamiento de las infraestructuras y servicios existentes en la térmica que se cierra, como el ramal ferroviario, la concesión de agua del Guadalope de 18 hectómetros cúbicos o la capacidad de evacuación de electricidad. En este sentido, aseguró que los ayuntamientos y sindicatos ya le han hecho llegar propuestas interesantes para sacar partido a estos activos, al tiempo que anunció su intención de dar prioridad a las zonas como Andorra afectadas por la descarbonización de la economía para la instalación de proyectos de energías renovables.
ENDESA, EL GRAN AUSENTE
Sobre si denegara el cierre de la térmica si Endesa no se compromete suficientemente en la transición justa de la zona, como así reclama la DGA, Ribera no dio respuestas nítidas pero confió en que la eléctrica se comprometa con mayor intensidad con la zona porque el plan de acompañamiento presentado es «insuficiente». No obstante, no quiso generar falsas ilusiones sobre la prolongación de la vida de la central, ya que advirtió que este cese es irreversible al no poder derribarse el derecho y la normativa europea sobre las centrales de carbón. Endesa fue precisamente en la gran ausente de la jornada, donde Samca sí tuvo una presencia activa.
