La reforma de la ley del Presidente, para adaptarla a la legislación básica nacional y regular, entre otras cuestiones, el procedimiento de urgencia en las iniciativas legislativas reduciendo los plazos a la mitad, ha iniciado este jueves su tramitación parlamentaria con el respaldo de todos los grupos, salvo Vox, que ha anunciado su abstención.
En defensa de la modificación de la ley ha intervenido la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien ha asegurado que el propósito es aumentar la agilidad administrativa en pos de la transparencia y la eficiencia, adaptándose a la realidad cambiante y garantizar que el impacto de la propia administración sea positivo y redunde en beneficio de los ciudadanos.
El objetivo es aportar más claridad a la elaboración de disposiciones normativas, de forma que se incremente la seguridad jurídica y se garantice la participación ciudadana, ha destacado.
Entre las novedades, ha resaltado que unifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales e incorpora una tramitación de urgencia para las iniciativas normativas y las disposiciones reglamentarias.
La nueva norma obliga al Gobierno a aprobar un Plan Anual Normativo, que este año ya se ha aprobado, en el que se recojan todas las iniciativas legislativas y reglamentarias que durante el año siguiente vayan a ser elevadas para su aprobación por el Ejecutivo autonómico.
Además, las iniciativas legislativas deberán ir acompañadas de una memoria justificativa y de una memoria económica en el caso de que implique un incremento del gasto o una reducción de los ingresos, ha añadido Pérez, quien ha hecho hincapié en que también está prevista la incorporación de informes de evaluación de impacto de género y por razón de discapacidad.
La norma contempla asimismo un proceso de deliberación participativa que deberá realizarse con carácter general en el caso de los anteproyectos de ley que afecten a los derechos civiles, políticos y sociales y, cuando el reglamento afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se exige la realización de los trámites de audiencia e información pública, cuyos plazos también se regulan.
Otra novedad que ha citado la consejera es la posibilidad de que los proyectos de ley que hubieran caducado al haber finalizado la legislatura puedan remitirse de nuevo a las Cortes, para ganar eficacia en la labor administrativa, previo informe de los servicios jurídicos y de la secretaría general técnica correspondiente, y un ejemplo es este proyecto de ley.
También como novedad figura la posibilidad de que las iniciativas legislativas sigan una tramitación de urgencia, reduciendo los plazos a la mitad, sin perjuicio del procedimiento simplificado para los decretos leyes, cuya extraordinaria y urgente necesidad deberá estar debidamente justificada.
En el turno de los grupos, Mar Vaquero, del PP, ha remarcado que las leyes tienen que ser justas y útiles y que la reforma es necesaria y oportuna, pero ha alertado sobre el trámite de urgencia, que en su opinión tiene que ser "excepcionalísimo" y debidamente justificado para que sea compatible con un principio mínimo de garantías.
Beatriz García, de Ciudadanos, ha destacado que es fundamental que las leyes sean útiles, proporcionales, justificadas y con seguridad jurídica y también la planificación normativa anual del Gobierno y la necesidad de ahorrar trámites, y en ese aspecto, no encuentra motivos para ampliar el plazo de audiencias ciudadanas.
David Arranz, de Vox, ha apuntado que espera que la reforma cumpla con el objetivo de fomentar la seguridad jurídica y el buen gobierno, pero ha discrepado de la necesidad de informes "con sesgo ideológico" sobre evaluación del impacto de género o en materia de igualdad, ya que ninguna ley podría discriminar por razón de sexo y orientación sexual, porque sería ilegal o inconstitucional, al tiempo que ha llamado a la "cautela" respecto de la tramitación de urgencia.
Álvaro Sanz, de IU, ha compartido el objetivo de transparencia que persigue la reforma y aspectos positivos como la presentación de un plan normativo anual, pero ha rechazado que se reduzcan los plazos de audiencia e información de 30 a 15 días y ha considerado que el procedimiento de urgencia puede tener afecciones sobre la participación y el propio funcionamiento de la Cámara y debe quedar "muy acotado" y ser "excepcional".
Por los grupos que sostienen al Gobierno, Darío Villagrasa (PSOE), del PSOE, ha explicado que la reforma precisamente pone "luz y taquígrafos" sobre la excepcionalidad para legislar con carácter de urgencia, mientras que Itxaso Cabrera, de Podemos, ha defendido que la modificación se alinea con la construcción de un Aragón propio de XXI, más progresista, moderno y adaptado a las necesidades actuales.
Carmen Martínez, de CHA, ha opinado que representa una oportunidad para legislar mejor, de una manera más clara y accesible a la ciudadanía, y ha valorado especialmente que en la iniciativa legislativa se incorporen informes de evaluación de impacto de género y por razón de discapacidad, y Jesús Guerrero, del PAR, ha insistido en que la voluntad es optimizar todo lo que tiene que ver con la actividad normativa y en que la seguridad jurídica cobra una "relevancia vital".
