Ni la Delegación del Gobierno en Aragón ni el Ayuntamiento de Zaragoza saben cuántas de las sanciones tramitadas por infringir las medidas para controlar la pandemia del coronavirus han sido abonadas por los infractores. Una cifra «imposible de conocer», dicen desde la Delegación del Gobierno en Aragón, y un dato que «es muy complicado de desagregar» del total de sanciones que gestiona el consistorio, dicen desde el Ayuntamiento de Zaragoza.
Aunque ambas instituciones han tramitado el grueso de los expedientes sancionadores relacionados con la pandemia, no ofrecen los datos de cuál es el porcentaje de multas pagadas ni qué ingresos tenido las arcas públicas.
El Gobierno central ha tramitado en Aragón un total de 22.696 expedientes de sanción del total de 33.557 que impusieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los meses del estado de alarma en los que dirigía todo el país el mando único del Ejecutivo de Sánchez. El resto, afirman, se encuentran en un «proceso de comprobación de documentación, identidad, atestado, o corrección de errores». Indican, como en el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés, que «es un proceso muy costoso porque hay que cotejar mucha información».
También en el Ayuntamiento de Zaragoza se habrían tramitado prácticamente la totalidad de las propuestas de sanción relacionadas con su gestión, como el botellón, o con las licencias de la hostelería, unas 3.000.
Desde el consistorio zaragozano aseguran que todas las sanciones interpuestas por la Policía Local y que son de su competencia se han tramitado, ya que el incremento experimentado desde que comenzó el estado de alarma no ha sido excesivo, por lo que los servicios han podido trabajar al mismo ritmo y sin verse desbordados.
Pero no han facilitado la información sobre los ingresos que han reportado a las arcas municipales las 1.796 multas por hacer botellón en la calle, o por las 1.329 impuestas a establecimientos por incumplir la licencia de actividad o veladores, sobrepasar el aforo permitido o el horario.
