PP y Vox, seis meses de agenda ideológica

El Acuerdo PP-Vox para la gobernabilidad en Aragón ha vuelto esta semana a la palestra de la mano del líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, que en plena recta final de las elecciones gallegas llamaba a capítulo a sus socios del PP en Aragón para exigir el cumplimiento de pactos que no aparecen sobre el papel en materia de inmigración, exigiendo –sin tener en cuenta la legislación vigente– que el Gobierno aragonés no deje llegar a "ni uno más" de los menores migrantes no acompañados que la comunidad acogerá como parte del acuerdo solidario tras la crisis migratoria en Canarias.

El primer susto del matrimonio PP-Vox llegó por las exigencias de la cúpula del partido en Madrid al cumplirse los seis meses de su llegada al Pignatelli. 

Los días han pasado y el discípulo de Abascal en Aragón y vicepresidente primero del Gobierno, Alejandro Nolasco, todavía no ha solicitado formalmente la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno, como exigió Abascal. Una reunión que, por otro lado, inquieta poco o nada a los populares. Saben que los dos tienen más que perder que ganar si hay divorcio.

Y, de todos modos, las discrepancias no les alejan tanto. Lo dijo la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero: comparten "objetivos, valores y cualidades". Un repaso por los diez bloques del acuerdo sellado entre ambos partidos el pasado verano refleja sus prioridades. El primer paso de la legislatura ya queda marcado por la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón.

Sanidad: del plan de choque a más listas de espera

Los últimos datos de las listas de espera en Aragón revelan que a finales de enero había 8.400 pacientes con una demora de más de seis meses. La cifra no ha parado de crecer en los últimos meses y supone un incremento de 432 usuarios con respecto a diciembre.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, denunció en septiembre que había "errores" en las listas con más de 600 pacientes sin contabilizar por el Gobierno anterior. El pacto de gobernabilidad PP-Vox prevé en su primer punto "promover la colaboración público-privada para reducir las listas de espera", pero de momento no se ha avanzado en este asunto. 

Otro tema candente, la gestión del transporte sanitario urgente, se acometió en noviembre, con la firma del Salud y Ambulancias Tenorio de la modificación del contrato para ampliar de 12 a 24 horas la activación de las 23 bases que cubren el medio rural. 

Educación: del pin parental a la crisis de Caneto

El Departamento de Educación que dirige Claudia Pérez ha empezado su gestión por un nuevo decreto de escolarización que pretende garantizar la "libertad de elección de centro" de las familias, pero que Fapar denuncia que puede empeorar la distribución de alumnado con necesidades educativas específicas. Por ahora, nada se sabe del pin parental que recoge el acuerdo con Vox ni del bachillerato concertado. 

En estos seis meses la consejera ha recibido ya un revés de la Justicia, que le obliga a reabrir la escuela de Caneto tras clausurar la escuela rural poco después del inicio de curso. El cheque escolar y la mejora de las retribuciones para los profesores, por ahora, no han marcado la agenda del Gobierno. Sí que se ha planteado ya, desde el PP_nacional, la prueba de acceso a la universidad única en España.

La Justicia obliga a la DGA a reabrir la escuela de Caneto y restituir a los profesores

La ley 'trans' y la violencia intrafamiliar

El área de Bienestar Social y Familia está llamada a ser una de las de mayores discrepancias, pero de inicio se cumplieron varios de los acuerdos, como el cambio de la denominación de la consejería y la creación de una dirección general de Familia, Infancia y Fomento de la natalidad, que dirige el PAR.

Los presupuestos de 2024 han incorporado –por la vía de enmiendas– la terminología de la "violencia intrafamiliar", en lugar de la "violencia de género" o la "violencia machista", a pesar de que el pacto recoge también "erradicar los discursos machistas". Por ahora, la coalición no ha abierto el melón de la reforma de la ley 'trans' aragonesa. 

La bajada de Sucesiones y el IRPF, adjudicadas

Uno de los primeros anuncios de Jorge Azcón como presidente del Gobierno autonómico fue la rebaja de medio punto de los cinco primeros tramos del IRPF, algo que entra entre las prioridades del pacto PP-Vox. Después llegó la elevación del mínimo exento de Patrimonio hasta los 700.000 euros y la bonificación al 99% de Sucesiones y Donaciones para el grupo 1, es decir, para los menores de 21 años que hereden de sus padres, abuelos o bisabuelos. 

Quedan varias medidas del acuerdo por aprobar, como reducir el impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 6%, entre otras, que el titular de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ya ha anunciado que se irán implementando "de forma progresiva" durante toda la legislatura.

El empleo y el reto de la siniestralidad laboral

La consejería de Economía, Empleo e Industria que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afrontado uno de los retos más acuciantes de los primeros meses del Ejecutivo, la elevada tasa de siniestralidad laboral, con accidentes en el trabajo que se cobraron en 2023 34 vidas, según las cifras oficiales, y 41, según los sindicatos.

Vaquero reaccionó pronto reuniendo a los agentes sociales, algo que no preveía el pacto, pero las consecuencias del plan de sensibilización y las ayudas se verán a largo plazo.

Mientras, la lista de acciones del acuerdo PP-Vox está bastante paralizada. Nada se sabe de la bolsa de empleo joven, ni de la reducción de un 20% de las cotizaciones de las empresas para contratar a mayores de 50 años, ni de las ayudas a empresas frente a la inflación. Quizá porque lleva un rumbo propio, con la puesta en marcha de la oficina frente a la burocracia o la unidad de atracción de empresas.

Adiós a los comisionados y ayudas con lupa

La "simplificación administrativa", una de las banderas de Vox, empezó ejerciéndose con la misma conformación de la estructura del Gobierno, que borró de un plumazo los comisionados para la Agenda 2030, la Infancia y la Despoblación. A cambio, el número de asesores y de directores generales no ha disminuido. 

El acuerdo PP-Vox también habla de "racionalizar subvenciones a los agentes sociales y las ayudas al desarrollo". Lo segundo ya se ha ejecutado con el recorte del 80% a la cooperación internacional en los presupuestos para este 2024. 

Las ayudas directas al campo que no llegan

El punto 7 del acuerdo habla de Agricultura, Medio Rural y Territorio. Estas últimas semanas, la oposición al Gobierno y el sector primario han reclamado con insistencia al consejero de Agricultura, Ángel Samper, que aplique las "ayudas directas" al campo que refleja el pacto de Gobierno y que fueron bandera en la campaña electoral tanto de Azcón como de Nolasco, que se las reclamaban con insistencia al exconsejero Joaquín Olona.

El pacto habla de "establecer ayudas directas a nuestros agricultores y ganaderos contra la sequía", una "línea de financiación de préstamos" y "promover una línea de avales a través de Avalia". Mientras, Samper se dedica a animar las protestas del sector agrario sin aportar nuevas soluciones.

Por otro lado, el pacto contra la despoblación está por definir; como la oficina de lucha contra el fraude y de control fitosanitario de productos de países terceros.

En el haber del Gobierno en estos seis meses, la presentación del Plan Pirineos con 250 millones. La "reordenación y planificación" de las renovables, prevista en el pacto, sigue en el debe y con dudas por el desarrollo de la comisión de investigación impulsada en las Cortes de Aragón, que va a redefinir su formato tras las quejas de los periodistas por ofrecer las comparecencias a puerta cerrada.

Sí al plan de carreteras; no al trasvase del Ebro

En Infraestructuras y Medio Ambiente, hay avances y dudas a partes iguales. El consejero de Fomento, Octavio López, ha dado el pistoletazo de salida al plan extraordinario de carreteras que dejó preparado el anterior Gobierno. También se han impulsado nuevos planes en Vivienda.

Pero el trasvase del Ebro a punto ha estado de hundir la estabilidad del Gobierno pese a que el PP logró no incluirlo en el documento. Vox se agarró esta vez a que la petición del trasvase venía de Cataluña, pero los barones del PP han vuelto a obligar a Azcón a reaccionar. Ha vuelto el "agua para todos" desde Valencia y Murcia.

La inmigración y los okupas, a dos velocidades

El vicepresidente y rostro visible de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, presentó hace unas semanas su oficina antiokupación, la que tan escaso rédito ha tenido en la vecina Castilla y León.

Estos últimos días, en línea con Abascal, ha reclamado que no lleguen más migrantes a Aragón, acogiéndose a un pacto que ni siquiera incluye la palabra "inmigración" o "menores no acompañados". Sino esto: "exigir la acreditación de la residencia legal y no solo del empadronamiento" en todas convocatorias de subvenciones y "suprimir cualquier ayuda a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos".

Azcón se planta ante Abascal y dice que Aragón acogerá a inmigrantes

La parte popular del Gobierno insiste en que se define por "sus hechos" y en cumplimiento "del marco legal y sus competencias", conscientes de que rechazar la llegada de menores migrantes iría contra la ley.

El entierro a la memoria y a las lenguas

El último punto del acuerdo, Promover la riqueza y diversidad de nuestro territorio, defendiendo nuestro patrimonio histórico y cultural no ha sido el último en aplicarse, sino casi el primero. En él se incluye en primer término la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón, consumada este jueves en las Cortes de Aragón entre el PP, Vox y el PAR. No aparece en el pacto el Plan de Concordia que anunció después Azcón, del que tampoco se conocen avances. 

La supresión de la dirección general de Política Lingüística se ejecutó en el nuevo organigrama. Y la "revisión de la ley del uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón" para prevenir "interpretaciones interesadas" se ha traducido en la defensa de que "en Aragón no se habla catalán", dijo el presidente Azcón, y la decisión de retirarlas del listado de lenguas propias. Uno de los anuncios de la investidura, el programa Aragón, Reino de la Luz, sigue sin concretarse.

En solo seis meses, la alianza PP-Vox deja claras sus prioridades. Buena parte de la agenda más conservadora ya está en marcha.

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