Una reforma fiscal de verdad

Los barones socialistas llevaban una semana sufriendo en silencio el vendaval generado por el PP suprimiendo el impuesto de patrimonio o reduciéndolo en las comunidades donde gobierna.

La respuesta de la Moncloa fue abrazar las tesis de Unidas Podemos y, en plena negociación dentro del Gobierno del proyecto de Presupuestos, se apuntó al discurso fácil de crear un nuevo impuesto a «las grandes fortunas». La distinción entre lo que decían los ministros socialistas y lo que proclamaba la vicepresidenta Yolanda Díaz exigiendo que sean los ricos quienes asuman el coste de esta crisis ha sido nula para desconcierto de quienes se van a batir en nombre del PSOE en la contienda electoral municipal y autonómica del próximo mes de mayo.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, encontró ayer una vía para responder al PP sin enfrentarse a la Moncloa. Propuso un conjunto de medidas para descontar del IRPF que pagan los contribuyentes valencianos el 10% de inflación que padecen por culpa de la guerra en Ucrania. Técnicamente, esto significa deflactar el impuesto sobre la renta a las clases medias, bien elevando el mínimo exento o bien reduciendo la tarifa en las rentas bajas y medias. El movimiento de Puig incrementa esta desagradable sensación de subasta fiscal, pero tiene la virtud de corregir un error de Sánchez al poner foco en las clases medias, que son las que efectivamente soportan una carga fiscal mayor como consecuencia de la alta inflación. A ellas se dirigía también la propuesta de Moreno Bonilla porque, de hecho, quien paga el impuesto del patrimonio o el futuro de grandes fortunas son aquellos que no pueden ocultar su riqueza ni en la economía sumergida ni en los paraísos fiscales.

El presidente aragonés, Javier Lambán, tiene mucha razón al asegurar que se está abriendo el debate del sistema fiscal sin haber solucionado algo tan importante como la financiación autonómica, qué tipo de servicios se quieren prestar y cómo se quieren financiar. En cualquier caso, está dispuesto a abrir ese debate primero con sus socios de gobierno, porque en el pacto de legislatura se acordó mantener estables los impuestos.

El que sí tiene la oportunidad de retomar el proyecto de una reforma fiscal de verdad que acabe con esta incómoda subasta es Sánchez. En ese contexto debería replantearse su posición sobre el impuesto de patrimonio que grava por tercera o cuarta vez los ingresos de las clases medias. La inflación está provocando un incremento de los ingresos de la hacienda pública. Por eso las comunidades del PP pueden eliminar el impuesto de patrimonio sin poner excesivamente en peligro los servicios públicos. Y por eso Puig puede deflactar el IRPF.

Pero, en lugar de subastar esos excedentes ¿no sería la misión del Gobierno de España convocar a autonomías y partidos para pactar una reforma fiscal en serio que acabe con las medias verdades del impuesto de patrimonio, que luche contra la economía sumergida, que incorpore los compromisos de España en los foros multilaterales y que se preocupe de las clases medias sin generar agravios entre territorios?