Pocas explicaciones, y contradictorias

Que la tercera autoridad del Estado, en este caso la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tenga que salir a dar explicaciones públicas por la compra de mascarillas a una trama empresarial investigada por corrupción, por parte del Gobierno autonómico de Baleares que ella presidía hasta el año pasado, ya es de por sí un hecho tan serio como delicado. Principalmente porque cuestiona la pulcritud en la gestión de quien representa a uno de los tres poderes esenciales, el legislativo, el lugar donde reside la soberanía nacional. Es muy probable que como ella asegura, no haya sido en ningún momento cómplice de los chanchullos del caso Koldo, al menos no de forma consciente, sino una de las perjudicadas. Damnificada primero por haber adquirido a una trama corrupta, que en el peor momento de la pandemia se repartía millonarias comisiones, unos tapabocas que no tenían la calidad prometida, y que acabaron abandonados en un almacén, y ahora por la sombra de duda que ese hecho cierne sobre su gestión.

Aparte, claro, de que está también afectada por la persecución del principal partido de la oposición, que pide su dimisión inmediata al frente de la Cámara Baja.

Más allá de la justicia o injusticia de esa exigencia del PP, es de rigor reclamarle a la presidenta del Congreso que cuando comparece públicamente para ofrecer aclaraciones las dé sin escatimar los detalles de lo que ocurrió, por perjudiciales para ella o para su partido que le puedan parecer. Desde luego, también, sin incurrir en contradicciones que, lejos de despejar las dudas, pueden contribuir a acrecentarlas. No hay peor explicación, de hecho, que una explicación a medias, especialmente cuando se trata de aclarar resoluciones administrativas de su competencia, sobre las que se han vertido, puede que interesadamente, acusaciones de complicidad con una trama corrupta.

Y eso es lo que ocurrió ayer con la comparecencia de Armengol. Que, tras su rueda de prensa, buena parte de las dudas existentes sobre la compra de mascarillas por parte del Gobierno balear que ella presidía seguían estando ahí. No reveló quién del Ministerio de Transportes llamó al Ejecutivo de Baleares para ponerle en contacto con la empresa de la que Koldo García parece que era comisionista, tampoco quién de su Gobierno decidía sobre esas adquisiciones y dejó sin respuesta clara las razones que llevaron, una vez comprobado que los tapabocas no eran de la calidad prometida, a no reclamar la devolución de 2,6 millones de euros invertidos en esa compra. Esas, entre otras cuestiones.

El hecho de que ella no esté investigada ni su nombre aparezca en el sumario del caso Koldo no le exonera de dar esas explicaciones. No debe de ser fácil hacer frente a un embrollo de esta magnitud, incluso en el supuesto de que se esté libre de toda culpa. Pero la salud democrática, el buen nombre de la institución que preside y el suyo propio precisan de aclaraciones más exhaustivas, que despejen todos los interrogantes y no generen nuevas dudas. La confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas lo requiere también de ese modo.

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