Aragón paga 770.000 € al año para llevar los abortos a la sanidad privada

Desde la aprobación del derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las 14 semanas de gestación en el año 2010, en Aragón siempre se ha derivado este servicio a la sanidad privada mediante conciertos, una situación que prácticamente está generalizada en toda España. El año pasado, Aragón pagó un total de 768.551 euros, de los que casi 60.000 correspondieron a abortos de residentes en Zaragoza; algo más de 8.000 a turolenses y 117.630 oscenses; un presupuesto que se destina a dos clínicas privadas, que ha ido variando con el paso del tiempo. En cuanto a las operaciones llevadas a cabo y pagadas con financiación pública, en 2021 se realizaron casi 1.600 interrupciones voluntarias del embarazo.

Para el año 2023, el concierto será para clínica Aisa y clínica Actur, ambas situadas en la capital aragonesa. A la primera se derivan los abortos de la provincia de Teruel y Zaragoza; y a la segunda, las de la provincia oscense.

A nivel nacional, entre el 80 y el 85% se realizan en la sanidad privada y son solo unas pocas comunidades las que lo hacen en la pública; aunque siempre son con «financiación pública», según ha dicho Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón. El motivo es que «buena parte del colectivo sanitario probablemente se posiciona de una manera determinada» lo que provoca que se oferte el servicio con conciertos en la sanidad privada; en el caso de Aragón, solo se realizan en la sanidad pública, según Falo, el 0,3 o 0,5% de los abortos, por razones médicas y en las primeras fases. Por eso, insistió Falo, que la derivación a nivel estatal es por un «posicionamiento de los profesionales, que hacen un decantamiento claro» a no realizar abortos.

No es de la misma opinión el colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, que señala que más que un «trasfondo deontológico» se deba a una cuestión «práctica y operativa», ya que cuando se externaliza un servicio –como puede ser también el llevado a cabo para aliviar las listas de espera– se debe a que «no existe posibilidad de demora», ya que hay que actuar de forma inmediata como puede ser en una interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, insiste que «puede haber implicaciones ideológicas» pero él cree a que también se deba a evitar la saturación y a que en caso de llevarse a cabo en la sanidad pública «haría falta más dotación de recursos, quirófanos, etc».

En octubre de 2022 ya había habido un centenar de derivaciones más que en todo 2021, hasta las 1.701

A falta de datos definitivos del año pasado, y tras la bajada de los dos últimos años (coincidiendo con la pandemia), en 2022 se ha dado un incremento de abortos llevados a cabo con los conciertos entre la sanidad pública y la privada. De hecho, tanto en 2020 como en 2021 no se llegaron a los 1.600 los realizados y pagados por la comunidad, siendo 26 más en 2021 con respecto al año anterior, incrementándose tanto en Huesca como en Teruel y descendiendo en Zaragoza. Estos datos no coinciden con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad (en 2021 aparecen 1.917, de las que cinco se realizaron en centros públicos, dos por riesgo de graves anomalías en el feto y tres por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable), ya que se incluyen los llevados a cabo en hospitales, clínicas privadas sin concierto y las interrupciones voluntarias del embarazo de aragonesas que se realizan fuera de Aragón. «Cuesta actualizar los datos», dijo Falo, porque no es lo mismo los abortos de las mujeres de Aragón que las que se hacen en la comunidad, ya que se pueden realizar en otra; así que hasta dentro de unos meses no serán oficiales.

Sin embargo, sí que se destila una tendencia ascendente en cuanto a los datos del año pasado, ya que a 31 de octubre ya se habían realizado más interrupciones que en todo 2021 hasta un total de 1.701, con un ascenso, según números provisionales de 1333 en Zaragoza; 265 en Huesca y 103 en Teruel (la única provincia en la que descienden).