Centrando el foco: barrer en el desierto

Aragón afronta en las próximas décadas un gran reto demográfico: frenar la despoblación y lograr un desarrollo territorial equilibrado y sostenible en su amplio territorio de 47.719,2 km².

Las nuevas leyes de financiación local y de dinamización del medio rural de Aragón, aprobadas en la legislatura que acaba de finalizar, están llamadas a propiciar un vuelco a la actual sangría demográfica que la comunidad sufre desde hace décadas. Son dos normas que buscan dar tranquilidad a los 731 municipios de la comunidad asegurando una financiación estable y favorecer el asentamiento de los habitantes del entorno rural a través de fórmulas novedosas, como la fijación de beneficios fiscales para aquellos que residan en el medio rural en cuestiones relacionadas con la adquisición de la vivienda, cuidado de hijos o gastos de guardería. Se trata en definitiva de premiar a quienes viven en lugares en donde la accesibilidad es muy complicada.

En los últimos años ha habido multitud de planes, directrices y proyectos para intentar hacer frente a una realidad innegable: la dispersión geográfica de Aragón y el pequeño tamaño de sus 731 municipios. Un 11% de la población aragonesa vive en municipios de menos de mil habitantes y el 70% lo hace en poblaciones de más de diez mil habitantes. En Zaragoza, vive más de la mitad de la población. Detrás de las tres capitales, se sitúan Calatayud, Utebo, Monzón y Barbastro. Esta desigual distribución en el territorio, además de encarecer la prestación de servicios esenciales como la Sanidad y la Educación, ha hecho inviables muchas políticas públicas impulsadas en las últimas décadas. Las medidas han tenido el mismo efecto que un grano de arena en la inmensidad del desierto demográfico.

La estrategia actual de las administraciones públicas no pasa necesariamente por incrementar la población aragonesa en los municipios pequeños, un objetivo que siendo realistas es complejo de cumplir. Las políticas persiguen un desarrollo demográfico equilibrado, además de lograr el bienestar y la calidad de vida de las personas que residen en los pueblos.

La recién aprobada ley de dinamización rural debe dar frutos con la futura DGA

La Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación, aprobada en 2016 por el Gobierno de Aragón, diseña la hoja de ruta a seguir en las políticas demográficas para intentar taponar la sangría poblacional de las últimas décadas. Siete años después de la aprobación de la Directriz, hay síntomas de que la curva descendente se ha estabilizado, aunque es todavía prematuro lanzar mensajes optimistas. Según datos del Gobierno autonómico, Aragón ha recuperado 20.000 habitantes desde 2016. Y un hecho sorprendente: debido a la reciente pandemia de covid o por otro tipo de razones, el incremento poblacional se está registrando en las provincias en detrimento de las grandes ciudades.

El éxito de la nueva ley de dinamización rural, impulsada por el comisionado para la lucha contra la despoblación del Gobierno de Aragón, Javier Allué, todavía está por concretarse, al haber sido aprobada in extremis en el último pleno de las Cortes de esta legislatura. Su desarrollo dependerá de la voluntad del Gobierno que salga de las urnas y si considera una prioridad el tema de la despoblación.

No obstante, el presidente de la CEOE Teruel, Juan Ciércoles, ha matizado el alcance de esas ayudas al advertir que cubren solo el 1% de los costes laborales y ha reclamado al Gobierno central que se alcance el 20% con el objetivo de despertar el interés de las empresas en instalarse en la provincia turolense.

La política de Madrid de disgregar la Administración pasó de largo de Teruel

Para luchar contra la despoblación, el Gobierno central ha decidido diseminar por la geografía española las instituciones del Estado, básicamente los organismos de nueva creación. La medida, que en principio pretende vertebrar el territorio y asentar población en la España vacía, ha provocado una fuerte polvareda en sus inicios después de que Sevilla, un de las ciudades españolas más pobladas, se haya llevado el primer bocado apetitoso: la Agencia Especial Española. Teruel compitió por ser sede de ese organismo, pero los requisitos del Gobierno, como era la exigencia de que estuviera a menos de una hora de un aeropuerto internacional con vuelos a Bruselas y París, entre otros destinos europeos, hicieron decaer la candidatura aragonesa y desató una oleada de críticas, incluida una reclamación del Gobierno de Aragón. La mayoría de condiciones exigidas eran imposibles de cumplir en una provincia despoblada como Teruel.

En la actualidad, Zaragoza compite junto a Granada y Salamanca, por ser sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), cuyo anteproyecto de ley de creación se encuentra todavía en fase de discusión parlamentaria en el Congreso. El Gobierno central se propone que la AESP, que coordinará la respuesta a futuras crisis sanitarias como la del covid, comience a funcionar este año, antes de que finalice la legislatura, si bien es improbable que el grueso más importante del organismo no salga de Madrid , ya que va a tener que incorporar al personal que trabaja en el Centro de Salud Carlos III, ubicado en la capital española.

En los últimos años se han dado pasos importantes a favor de los municipios, pero todavía se deben dar muchos más para detener la sangría demográfica. Los municipios son las administraciones más cercanas al ciudadano y son los que más fácilmente pueden resolver las necesidades de los vecinos. Aunque, para ello se vean abocados a coger competencias que no les corresponden. Precisamente, una de las reivindicaciones recurrentes de los municipios es la fijación de las competencias que deben asumir los ayuntamientos con la consiguiente financiación necesaria.

Los municipios reclaman mayores recursos para que los pueblos pequeños puedan asumir con garantías los retos de futuro, los más acuciantes son, sin lugar a dudas, el reto demográfico y los jóvenes. En los pueblos se puede vivir muy dignamente, aunque es necesario dotarlos de servicios que resulten atractivos para los futuros vecinos y que contribuyan a que los jóvenes se queden a vivir en los mismos.

Desde las instituciones hacen falta políticas que faciliten a los jóvenes que puedan acceder a una vivienda y un empleo digno y de calidad. Y potenciar la apuesta por la mejora en el acceso a la digitalización para romper la brecha que todavía existe entre el medio rural y el urbano.