"La crisis del 2008 se afrontó de manera distinta, lo que causó estragos"

Con 12,3 millones de personas en situación pobreza en España, ¿se entiende que esta realidad fuera ignorada en la última campaña electoral?

Es algo verdaderamente difícil de entender, y más teniendo en cuenta la evolución que está teniendo la pobreza en nuestro país, ya que por primera vez en bastante tiempo se ha reducido. Lo que deberíamos estar discutiendo en estos momentos es cómo podemos mejorar y hacer más intensivas las políticas que están teniendo resultados, que además están ayudando al desarrollo económico de nuestro país.

¿Cuánto se ha reducido la cifra de personas en situación de pobreza?

En un año ha pasado de 13,1 a 12,3 millones de personas. Aún hay algunas sombras, pero han mejorado todos los indicadores: la tasa AROPE, la pobreza relativa y la privación material y social severa, aunque este es el que menos se ha reducido, junto a la baja intensidad en el empleo. Ha habido algunas reducciones importantes, como las familias monoparentales, que han pasado del 54 al 49%, pero aún siguen siendo casi la mitad. O los trabajadores en situación de pobreza, que han bajado un punto y medio. Yo creo que esta situación se merecía alguna frase a lo largo de toda la campaña electoral. No entendemos que, habiendo mejorado las cosas, no se hablase de que hay que hacer más para conseguir bajar estas tasas de pobreza, que siguen siendo muy altas.

EAPN-ES constata la brecha norte-sur entre comunidades autónomas. ¿Tiende a cerrarse o se hace más amplia?

A diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis, ahora esta brecha se ha cerrado un poco. No obstante, sigue habiendo una diferencia estructural muy grande que se mantiene en el tiempo, y no solo entre norte y sur, también entre este y oeste. Digamos que la mejor vertiente sería la noreste, y la peor, la suroeste. Hay que reconocer que ha bajado más la pobreza en las regiones que partían de unos niveles mucho más altos. Pero también es cierto que, en las regiones que tienen unos niveles más bajos, el esfuerzo por reducirla tiene que ser mayor, porque son bolsas de pobreza mucho más difíciles de trabajar.

¿Juegan las comunidades autónomas un papel destacado en la lucha contra la pobreza?

Sí. Es verdad que hacían falta transferencias del Estado a las autonomías, que es lo que verdaderamente ha provocado este vuelco. Todas las medidas del escudo social han sido de ámbito estatal, han llegado a todos los territorios y eso ha aminorado un tanto las diferencias regionales. Pero, luego, hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas tienen en sus manos las políticas sociales, de vivienda o de empleo. Tienen todos los recursos de los fondos europeos y también cuentan con las políticas educativas, para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, y las sanitarias, para evitar que un quebranto de salud signifique también un quebranto económico en la familia. Estas son las políticas que realmente actúan para poder afrontar las situaciones de pobreza, que no se corrigen solo con servicios sociales, sino con salarios, pensiones y un sistema de rentas mínimas más dignos. Por lo tanto, el papel de las comunidades autónomas es muy importante. Pero el impacto de esas transferencias del Estado a las comunidades autónomas significa reducir en varios puntos la pobreza en el país.

¿Por qué Aragón fue una de las comunidades donde el impacto de esas transferencias fue menor?

Eso tiene que ver con la focalización de las medidas y las ayudas. Si las diriges a la población más vulnerable, automáticamente, el impacto es mayor. Pero, si las ayudas son más generalistas, lo que haces es transferir recursos a las rentas medias-altas y altas, y entonces no actúas tanto sobre la pobreza.

¿El impacto del escudo social también fue desigual?

Si el Gobierno central no hubiese activado ese escudo social, con fondos de la Unión Europea, esto hubiese sido un desastre. Solo hay que ver lo que significaron los ertes. Los recursos del escudo social llegaron de dos maneras: directamente a las personas, las empresas y los autónomos, o a las comunidades autónomas, para sostener el sistema sanitario o el educativo. Se repartieron por todos los territorios con los mismos criterios. Pero, por ejemplo, la cuantía que recibió cada comunidad dependió del peso que tuvieran las empresas que estaban en erte en cada territorio. Y, medidas como el ingreso mínimo vital, llegan mucho más a regiones con más personas en situación de vulnerabilidad. Es normal que Andalucía reciba más que Aragón. Por eso, el escudo social ha beneficiado más a unas comunidades que otras, en función de su situación, y ha ayudado a reducir las diferencias territoriales.

¿Qué consecuencias está teniendo la retirada de esas medidas?

Estamos expectantes porque se han reducido sustancialmente esas transferencias, sobre todo porque han desaparecido prácticamente los ertes, pero casi toda la población que estaba en esa situación ha vuelto al empleo. Por lo tanto, no ha entrado en situaciones de pobreza. Pero aun así se ha seguido reduciendo la pobreza. Veremos cómo evoluciona el año que viene. Si se retiran las medidas extraordinarias, pero se mantienen las que responden a necesidades que ya existían previamente, estaríamos encontrando una senda clara de protección de las personas con reducción de la pobreza y, además, desarrollo económico.

¿En qué lugar se sitúan los indicadores de pobreza en Aragón respecto de otras autonomías?

Aragón tiene más de 250.000 personas en situación de pobreza o exclusión. Son muchas, pero mantiene unas de las cifras más positivas entre las comunidades autónomas. De hecho, ha habido una reducción importante de casi todos los indicadores de pobreza y exclusión. Por ejemplo, la pobreza severa ha caído más de tres puntos. Y la privación material y social severa ha bajado mucho más que la media nacional. Pero hay que seguir trabajando para volver a los niveles previos al 2008. Esa crisis se afrontó de una manera totalmente distinta, lo que causó verdaderos estragos, generando muchísima más pobreza y exclusión social de la que teníamos.