Los últimos servicios de Enrique López a Ayuso, en el aire: la Ciudad de la Justicia y la ley de emergencias

Antes de que su carrera política acabe del todo, al menos con el PP actual, Enrique López tiene deberes por delante que pondrán de manifiesto su capacidad de negociación. Son dos proyectos clave de la consejería que ha dirigido durante los cuatro últimos años bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, pero de momento, los dos están en el aire.

Como responsable del departamento de Presidencia, Justicia e Interior, el que fuera de facto número dos de Ayuso en su primera legislatura, tenía encomendado deshacer la maldición que recae sobre la Ciudad de la Justicia, que desde hace 20 años encadena proyectos fallidos y sombras de corrupción y hoy todavía sigue siendo un complejo fantasma. En noviembre de 2021 López intentó reactivarlo con la intención de que ahora, justo en las semanas previas a que acabe la legislatura, Ayuso pudiera colocar la primera piedra y lucir el proyecto como uno de los grandes hitos de su Gobierno durante la campaña. Pero no hay rastro de eso aún.

Esta próxima semana, el miércoles o jueves, la consejería quitará el penúltimo pétalo del proyecto. Tras quedar desierto el concurso el pasado mes de octubre (un modelo concesional por el que la empresa adjudicataria se hará cargo del mantenimiento del complejo durante los 36 años siguientes a su construcción a cambio de un cánon de entre 49 y 60 millones al año), López continuó con un procedimiento negociado sin publicidad al que se ha invitado a diez empresas y esta semana se sabrá si estas han aceptado las condiciones de la concesión y se decidirá cuál de ellas se queda con él.

Fuentes de la consejería reconocen que si este procedimiento no culmina con éxito solo caben dos salidas, una nueva licitación con nuevas condiciones para la concesión o una adjudicación para la construcción del complejo pero que no conlleve ninguna relación con el adjudicatario para su mantenimiento posterior, que es lo que la oposición lleva pidiendo desde el principio: que un tercero construya pero que todo el mantenimiento y gestión posterior quede en manos de la administración. Todo lo que no sea un adjudicación esta misma semana, en cualquier caso, supondría un nuevo fracaso y prácticamente un nuevo aplazamiento y demora del proyecto 20 años después.

El otro proyecto que López tiene pendiente es la Ley autonómica de protección civil y emergencias. El próximo 20 de febrero se debatirá el dictamen en comisión y aunque la esperanza del Gobierno es sacarlo adelante, no lo tiene garantizado. Defienden en la consejería que este proyecto no es ideológico y solo supone una mejora y modernización de la organización de los servicios públicos de emergencias, por eso tenían como objetivo sacarlo adelante incluso con la unanimidad de de los grupos de la Asamblea, pero, según explican desde uno de los grupos de la izquierda, el Gobierno no ha querido aceptar "apenas enmiendas de calado, solo correcciones técnicas" y ante la falta de voluntad para negociar los tres partidos de la izquierda tienen previsto votar en contra. Así que solo les queda Vox.

Y desde que rechazaron los presupuestos de Ayuso y hemos entrado en periodo preelectoral, los de Rocío Monasterio no son ya una baza segura como en los meses anteriores. Esta misma semana se negaron a sacar adelante la creación de una agencia de ciberseguridad de la Comunidad y la simpatía de Vox por Enrique López, con quien negociaron en 2021 parte de los presupuestos para alcanzar un acuerdo del que tampoco sacaron tanto rédito no es especialmente alta.

Estos son los últimos servicios que López tiene pendientes en el Gobierno de Ayuso antes de retirarse de nuevo a su despacho de la Audiencia Nacional o emprender camino en el sector privado. Su renuncia a la militancia del PP apunta a un regreso a la carrera judicial, a donde no puede volver si mantiene su afiliación, y aunque la presidenta apuntó el pasado viernes en un acto público que para seguir en su gobierno no es necesario ser militante, la relación entre ambos quedó dañada por la guerra interna del PP, en la que López se inclinó claramente por Pablo Casado. El momento más gráfico de este posicionamiento se produjo precisamente cuando se anunció que tres consejeros del Gobierno de Ayuso saldrían a defenderla de la polémica surgida por los contratos de su hermano, el propio Enrique López, Enrique Ruiz Escudero (Sanidad) y Javier Fernández Lasquetty (Economía y Hacienda), pero López se excusó alegando que tenía un compromiso previo ineludible. A partir de ese momento, el que fuera número dos dejó de serlo a ojos de todos.

Un juez no puede estar afilado

El PP ha propuesto que los jueces que tengan cargos políticos no puedan volver a su carrera como jueces de manera inmediata, pero la iniciativa nunca fue apoyada por el PSOE, que tiene a varios magistrados en el Gobierno de la nación, de modo que López tiene la pista legal despejada si quiere recuperar su puesto en la Audiencia Nacional.

La propia Constitución, en su artículo 127, señala que los jueces y magistrados en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, si bien la ley no establece ningún plazo mínimo de tiempo desde que cesa dicha militancia y se produce el reingreso en la carrera.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, detallan que López se encuentra en situación administrativa de servicios especiales, que es la que habitualmente se concede cuando el juez en cuestión deja temporalmente esta labor para acceder a un cargo público.

Pese a haber formalizado ya su baja como afiliado del Partido Popular, López no podrá solicitar su reingreso a la judicatura mientras siga ejerciendo de Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Lo hará previsiblemente cuando se convoquen las elecciones, para volver al puesto que ocupaba en el tribunal de apelaciones de la Audiencia Nacional. 

Su reincorporación no tardará entonces mucho, pues dado que se encontraba en servicios especiales y bastará con que la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces valide su regreso a la Audiencia Nacional. Cosa diferente sería que se encontrara en excedencia -algo común en jueces que la solicitan para ejercer funciones privadas como la abogacía- ya que en dicho caso debería volver a concursar en una próxima convocatoria para que le fuera designada una plaza.