Invertir en infancia, invertir en futuro

El Informe Especial del Justicia de Aragón sobre la Infancia y la Adolescencia refleja que en 2022 había 724 menores en situación de riesgo, muchos de los cuales tuvieron que ser apartados de su núcleo familiar. Esta realidad, que pasa cada vez más desapercibida para la sociedad aragonesa, no puede ser invisibilizada y requiere, en primer término, de un tratamiento preventivo, pero también de la activación de una serie de alertas en las familias, la Policía, los centros educativos, comunitarios y hospitalarios, y por parte de las instituciones con el propósito de detectar situaciones de vulnerabilidad. El informe, presentado ayer por el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, junto a sus asesores Andrés Esteban y Susana Valimaña, fue entregado a la presidenta de las Cortes, Marta Fernández y revela que durante 2022 se abrieron diligencias previas en casos que afectaban a 1.031 menores, si bien finalmente el 70% fueron declarados en situación de riesgo, lo que indica que cada año hay unas mil víctimas inocentes en la comunidad.

Esto condiciona la vida presente y futura de unos menores que han de ser la semilla de la sociedad aragonesa durante los próximos años, lo que interpela directamente a las instituciones a destinar los recursos humanos y económicos suficientes para tratar de cambiar la vida de esos niños y jóvenes. Aragón no es precisamente una de las comunidades que presente una mayor brecha económica en los hogares y puede presumir de que esa distancia entre los hogares con mayores ingresos y aquellos que apenas les alcanza para llegar a final de mes no es todavía muy profunda. De hecho, es una las pocas comunidades en las que no hay ningún menor de seis años en un centro residencial. Esos menores que tuvieron que salir del núcleo familiar el año pasado se distribuyeron entre centros de acogida, acogimiento familiar (entre 150 y 200) y en pisos en proceso de emancipación. Tampoco existen macrocentros como en otras regiones. Pero ello no es óbice para no actuar.

La presentación del Informe Especial del Justicia de Aragón sobre la Infancia y la Adolescencia, que recoge datos aportados por 17 comarcas y los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud, es un toque de atención en toda regla porque la comunidad se encuentra «en el vagón de cola» respecto a un marco normativo que hay que modificar «sí o sí» para elevar la protección del menor, apuntó Hernández. Además, detecta que los recursos y las políticas públicas son insuficientes, con escasez de profesionales en los servicios sociales y déficit de actividades preventivas. Prioridades, en definitiva, que hoy quedan tristemente relegadas.

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