Nueva normativa
Aragón quiere presentar su primera ley de vivienda a principios de diciembre
La consejería de Octavio López se marca como horizonte llegar al 9,3% de parque público que sugiere Europa, frente al 2,5% actual
Está previsto que la norma pueda entrar en vigor a lo largo de 2025, en el primer semestre en los pronósticos más optimistas
La vivienda es una de las mayores preocupaciones de la sociedad nacional en su conjunto, y también de la aragonesa en particular. Y es en ella donde el actual Gobierno de Aragón ha puesto sus miras para expandir por el territorio, a golpe de ladrillo, la vivienda pública, con el objetivo de atajar un problema para el que nadie termina de dar con la tecla pese a las múltiples recetas y diagnósticos realizados en los últimos tiempos. Sea como fuere, la DGA ha decidido apostar fuerte por ella y, tal y como anunció el consejero del ramo, Octavio López, al poco de coger las riendas del Departamento en septiembre, la comunidad va a impulsar la primera ley de Vivienda de su historia.
En ese sentido, López ha ido este viernes un paso más allá en el pleno, al aventurarse a asegurar que la idea del Ejecutivo PP-Vox a día de hoy es poder presentar el proyecto de ley ante las Cortes de Aragón «en la primera semana de diciembre». Desde el Departamento de Vivienda subrayan que el objetivo que se marcan, a medio y largo plazo, es el estándar marcado por la Unión Europea, que radica en que el parque público de vivienda debe suponer un 9,3% del total. Una cifra todavía lejana para Aragón, que en estos momentos tiene un 2,5% de vivienda pública sobre el total de su parque. Es decir, la intención de la DGA es prácticamente cuadruplicar su suelo para alquiler social y asequible. Por todos estos motivos, el consejero ha señalado en el pleno que su idea es presentar la norma «con el mayor consenso posible».
Así, según ha podido saber este diario, la consejería liderada por Octavio López está trabajando en estos momentos en la elaboración de esta pionera legislación autonómica, codo con codo, con la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Desde el Departamento de Fomento, Movilidad, Vivienda y Logística de la DGA inciden en que se trata de un «prescriptor cualificado» que va a contribuir a la redacción de una ley que sea «garantista, efectiva, ajustada a derecho y ajustada a las necesidades de la comunidad».
Es por todo ello que la DGA ya ha marcado los plazos en los que quiere que esta iniciativa sea una realidad, con el mes de diciembre como el horizonte más realista para poder llevar el proyecto de ley ante el pleno autonómico, previa aprobación, claro está, en Consejo de Gobierno. A partir de ahí, los pasos a seguir serán los de cualquier otra legislación. Se procederá a la tramitación parlamentaria correspondiente y, si las Cortes dan el visto bueno, lo razonable es que la ley de Vivienda entre en vigor a lo largo del próximo 2025, en su primer semestre atendiendo a las previsiones más optimistas.
En cualquier caso, desde el Gobierno de Aragón son conscientes de que cuadruplicar el parque público de vivienda, creciendo desde el «exiguo porcentaje actual», que es de un 2,5%, hasta el 9,3% que marca Europa, «llevará un tiempo», aunque no esconden que «es el horizonte que se persigue» y que esta norma debería ajustar el marco legal para su consecución.
Camino independiente a la ley estatal
Cabe recordar en ese sentido que la apuesta del Ejecutivo es la de aplicar su propio modelo frente a la ley estatal, aprobada a mediados del pasado año, y que, por ejemplo, permite declarar «zonas tensionadas». En cualquier caso, la DGA seguirá su propio camino, como demuestra el hecho de promover la primera ley de su historia.
De esta forma, el Gobierno de Azcón ya lanzó hace dos meses su plan Aragón Más Vivienda, dotado con 300 millones para los seis próximos años. Entre sus medidas presentadas en estos primeros meses destacan la construcción de hasta 1.000 viviendas públicas en las 39 localidades aragonesas de más de 3.000 habitantes, así como los 52,5 millones destinados a rehabilitar 900 pisos públicos en los 700 municipios pequeños o las 1.000 nuevas viviendas de alquiler asequible que dispondrán los jóvenes en los barrios de Zaragoza.
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