Las cárceles extranjeras encierran a siete aragoneses por drogas y hurtos

Daniel Sancho y el descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia han vuelto a poner en el mapa al casi batallón de españoles encarcelados en el extranjero (900) por diferentes ilícitos. En lo que se refiere a Aragón, al menos siete aragoneses –dos en Francia y el resto en Colombia, Brasil, República Dominicana, Italia y Alemania– se encuentran entre rejas más allá de las fronteras nacionales por causas vinculadas al tráfico de drogas, salvo un hurto, y fechadas en 2022 y 2023. Son los datos que maneja la Fundación +34, si bien desde esta asociación vallisoletana advierten de que no trabajan con los autores de delitos contra la libertad sexual ni con los autores de delitos de sangre –«ni violadores ni asesinos»– al considerar que en estos ilícitos no existe voluntad por parte de quien lo padece.

Por género, son seis hombres y una mujer de una media de edad de 30 años cuya estancia entre rejas difiere mucho del país donde traspasaron las líneas de la legalidad. Así lo explica el presidente de la Fundación, Javier Casado, distinguiendo dos grupos –los países que forman la Unión Europea y el resto– y señalando la principal diferencia entre ambos: los tiempos de la burocracia que permiten que estos presos sean repatriados antes a España.

En el caso de los países europeos, un acuerdo marco del año 2008 estableció no distinguir entre límites geográficos de modo que el funcionamiento es como el de «un país único» y, así, «no hay fronteras». En este sentido, la solicitud burocrática de traslado del preso se lleva a cabo de juzgado a juzgado –«como si el Penal 2 de Zaragoza se lo pide al 4 de Nantes»– sin necesidad de que estos papeles pasen por los consulados. Por esta vía, un zaragozano que haya sido encarcelado en Munich por un delito de hurto puede ser trasladado a la cárcel más cercana de su ciudad en un plazo de 4-5 meses.

El problema llega con los delitos cometidos en países que no pertenecen a la Unión Europea porque, primero, la Justicia es «más lenta» y se demora la redacción de la sentencia y, segundo, la solicitud de traslado debe contar con el visto bueno de sendos consulados. Así, el periodo de repatriación es tres años más lento del cauce legal que se sigue por la Unión Europea.

De todos modos, recalca Casado, las diferencias no solo son burocráticas sino que también se aprecian en indicadores de calidad como la seguridad o la salubridad de las cárceles. Con ello, desde la Fundación ponen el foco en los centros penitenciarios de Latinoamérica como Colombia, República Dominicana o Ecuador, donde el último año han muerto más de 400 reos como consecuencia de los enfrentamientos entre bandas rivales.

Para ello, la Fundación cuenta con un equipo de voluntarios y profesionales repartidos por todo el mundo que, «tres veces al año como mínimo», visitan a cada uno de los presos para comprobar su estado de salud: les nutren con complementos vitalicios, tratan sus problemas de movilidad y palian sus dolores estomacales por el agua que allí ingieren. «Hasta que no vamos nosotros, ellos no tienen a nadie», sentencia.

También actúan de interlocutores con las familias de los presos y les brindan apoyo ante el «desconocimiento» en una actuación de «mucho trabajo asistencial». «La primera angustia de lo desconocido y de no saber ni cómo ni dónde está su hijo ya se la estamos quitando. Somos su luz y les damos esperanza. Sobre todo, les ayudamos a compartir el dolor psicológico de lo desconocido», defiende Casado, a lo que añade: «Las familias son otras víctimas inocentes y les mantenemos informados de la situación».

Estos siete reos aragoneses cuentan con el garante de esta entidad al suscribir en 2019 un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón gracias al cual ya se ha brindado asistencia a 41 presos durante los últimos cuatro años. Con el cambio de Gobierno y la llegada de Jorge Azcón a la presidencia del Ejecutivo autonómico, el citado convenio se debe renovar, si bien desde la asociación no temen que se ponga ninguna traba al respecto. «Esperamos ratificarlo sin problema porque, cuando lo firmamos, ya venía con el respaldo de todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón», expresa Jorge, que llevará a la mesa de negociación su deseo de ampliar el convenio para acoger también a los aragoneses en situación de vulnerabilidad y desamparo como así han hecho ya en otras comunidades autónomas como Madrid o Castilla y León.