POLÍTICA AUTONÓMICA

Los expresidentes de Aragón tendrán derecho a chófer hasta 8 años después de dejar el cargo

El Ejecutivo aragonés regulará por primera vez el Estatuto de los expresidentes, al que se podrán acoger todos los que han ejercido el cargo en la comunidad, salvo en el caso del conductor y coche oficial, que solo es aplicable desde la pasada legislatura

También tendrán acceso a los servicios de seguridad y al tratamiento protocolario con carácter vitalicio como "señor Presidente" o "señora Presidenta"

Los presidentes Jorge Azcón y Javier Lambán se saludan en el pleno de investidura del primero, en las Cortes de Aragón.

Los presidentes Jorge Azcón y Javier Lambán se saludan en el pleno de investidura del primero, en las Cortes de Aragón. / ÁNGEL DE CASTRO

Laura Carnicero

Laura Carnicero

El Gobierno de Aragón ha dado un paso más en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en la tramitación de un decreto que regula por primera vez en la comunidad la figura de los expresidentes de Aragón. En la práctica, la regulación implica que los expresidentes del Ejecutivo autonómico tendrán derecho a contar con un vehículo oficial y chófer durante los ocho años siguientes desde su cese del cargo, salvo que este cese se produjera por la aplicación de una sentencia firme o por su inhabilitación política.

El Departamento de Presidencia, Interior y Cultura ha continuado con la tramitación de este proyecto de decreto, iniciada en la anterior legislatura, a través de las direcciones generales de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia y de Interior y Emergencias.

En el ámbito protocolario, conservarán de forma vitalicia el apelativo de "señor Presidente" o "señora Presidenta" y se incluyen también consideraciones respecto a la garantía de su seguridad y su participación en órganos consultivos de Aragón.

Según el decreto, los expresidentes de Aragón, "desde la fecha de su cese, durante un periodo máximo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro y previa petición expresa, tendrán derecho a disponer de un automóvil de representación perteneciente al parque móvil de la Administración de la comunidad autónoma de Aragón, con un asistente conductor nombrado a su propuesta, que tendrá la consideración de personal eventual y categoría profesional de conductor de vehículos de altos cargos".

Además, aunque la utilización de estos recursos por parte del expresidente tendrá "carácter preferente", señala el decreto, el conductor quedará adscrito al parque móvil de la Presidencia del Gobierno de Aragón para la prestación de sus servicios cuando no sea requerido por el expresidente en cuestión.

Por otro lado, el primer Estatuto de expresidentes que se plantea en Aragón también prevé apoyos técnicos y administrativos para los expresidentes en "actividades propias de su condición" y se plantea la posibilidad de que utilicen las dependencias de la comunidad autónoma para la realización de reuniones y actos institucionales.

Además, en el capítulo de "medios personales y materiales", se prevé que los expresidentes puedan renunciar a la utilización de todos estos medios o al principio de su condición o en cualquier momento del periodo previsto para su prestación.

Junto a estas medidas, el decreto de expresidentes regula otras en materia de seguridad. En este caso, el Ejecutivo aragonés, a través del departamento competente, adoptará las medidas precisas, dotándoles de los servicios de seguridad que en cada momento se consideren necesarios.

Por otro lado, las expresidentas o expresidentes de Aragón tendrán derecho a "ser resarcidos de cuantos gastos se vean obligados a realizar como consecuencia de servicios específicos de representación" encargados por las Instituciones autonómicas.

Por último, tendrán la condición de miembros natos del Consejo Consultivo de Aragón y asistirán como miembros de pleno derecho a los congresos de las comunidades aragonesas del exterior.

Está previsto que el documento pase al trámite de información pública, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Aragón el día 2 de enero de 2024 y a través del Portal de Transparencia del Gobierno autonómico. De este modo, se desea darle la mayor difusión posible entre la ciudadanía y recabar cuantas aportaciones puedan hacer los ciudadanos o entidades. 

El coste de la aplicación de este nuevo decreto ley se sufragará con los presupuestos de la comunidad, aunque todavía no ha trascendido a cuánto asciende.