Vuelven los apretones de manos y las fotos al edificio Pignatelli entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Los del presidente Javier Lambán ni el alcalde Pedro Santisteve en marzo los siguieron ayer el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, y el portavoz del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), Fernando Rivarés, para escenificar el impulso a la anunciada comisión bilateral llamada a resolver sus conflictos con «diálogo» y «colaboración institucional» y no con enfrentamientos o judicialización de conflictos. Como el que amenazó con emprender la DGA para lograr el cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) o el que advirtió que iniciaría ZeC para cobrar la deuda del tranvía. Tocaba apelar a la manida lealtad mutua a las puertas de la aprobación definitiva en Consejo de Gobierno de la ley de capitalidad de Zaragoza «el próximo 6 de junio», para remitir el texto a las Cortes y abrir el debate parlamentario.

Esta comisión bilateral estará formada por Guillén y Rivarés y un miembro más de los respectivos gobiernos autonómico y municipal, se reunirá «al menos cuatro veces al año», y se estrenará en «la primera quincena de julio». Este órgano era uno de los compromisos alcanzados, precisamente, en aquella imagen «hermosa éticamente» (así la calificó el edil) entre Lambán y Santisteve del pasado mes de marzo, en la que desbloqueaban la ley pactando un fondo de capitalidad fijo de 8 millones anuales y otros 13,5 crecientes en 1,5 cada año para costear servicios delegados.

Guillén y Rivarés quisieron subrayar cómo se rompe con un pasado en la relación DGA-ayuntamiento «en terminos de confrontación o desacuerdo». Que se abre «una nueva etapa que esperemos que sea fructífera y que no sea flor de un día», señaló el consejero de Presidencia, basada «en los principios de lealtad, confianza y la resolución de los problemas que tienen los ciudadanos». Es, dijo Rivarés, una «obligación legal, ética, política y moral de colaborar» de resolver problemas y de ayudarse mutuamente.

Y nace con trabajo por delante. Del ICA, prefirieron no opinar ayer. Y del cobro del tranvía, ambos coincidieron en la posibilidad de «acercamiento». «No me gustaría tener que ir a los tribunales y hoy creo que no será necesario», declaró el edil. Guillén abogó por buscar el «acuerdo político» que zanje «el litigio». «Hay una cifra que es la de la liquidación y otra que puede ser la del acuerdo», añadió.