El Supremo admite el recurso de una asociación de interinos contra la OPE 2017

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), que representa a 3.000 trabajadores, entre ellos personal de Educación de Castilla y León, contra el acuerdo del Gobierno central y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el que aprobaron la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017.

Entre los más de 3.000 interinos que impulsan la demanda hay profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de los de Canarias, Extremadura, Galicia y Madrid, el citado personal de Educación de Castilla y León, Valencia, Andalucía o Murcia y de ayuntamientos como los de Zaragoza, Madrid, Cádiz, Sevilla, Málaga, Valencia o Elche.

Se han sumado además interinos de los ministerios de Defensa, Justicia y personal del Fogasa, bomberos de Extremadura y Andalucía y trabajadores de diferentes diputaciones y empresas públicas de todo el país.

El abogado y presidente de ANIL, Manuel Martos García de Veas, ha explicado a Efe que el Supremo ha admitido la causa en la que la asociación aglutina la denuncia de más de 3.000 interinos de todo el país contra el pacto suscrito en marzo del año pasado para la inclusión en la OPE de las plazas desempeñadas por interinos.

Este paso del tribunal permitirá al colectivo pedir la paralización de la OPE y las convocatorias ligadas a su aprobación, ya que no tendrían en cuenta a juicio de ANIL que muchos de los interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.

Esta asociación ha denunciado ante la Comisión Europea los "graves incumplimientos" en materia de una trasposición que afectaría a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo sin el reconocimiento de derechos.

Según explica, la actual situación es producto del "acuerdo de estabilidad" firmado entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda para convocar hasta 2020 unas 350.000 plazas de funcionarios a través de diferentes OPE, lo que se trasladó al artículo 19 de la Ley de Presupuestos del Estado para 2017.

Esas plazas están cubiertas en la actualidad por trabajadores interinos que no han podido regularizar su situación por los recortes de los últimos años y que, según el acuerdo, solo puntuarán por sus años de experiencia en una segunda fase de concurso.

Según García de Veas, si la denuncia prospera el Gobierno estaría obligado a dotar de empleo indefinido no fijo a todo el personal longevo y pagar 4.200.000.000 euros en indemnizaciones que hasta ahora ha negado.