Entrevista | ENTREVISTA Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y miembro del comité de huelga

Carlos Artal: "Hay un colapso absoluto en los juzgados y día a día irá a peor"

Un letrado de la Administración de Justicia analiza con EL PERIÓDICO la situación de este cuerpo funcionarial y los efectos de la huelga

Carlos Artal, en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza.

Carlos Artal, en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza. / ANDREEA VORNICU

Carlos Artal Faulo ejerce de letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza. También forma parte de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y es miembro del comité de huelga. Con motivo de la huelga de secretarios judiciales, Carlos Artal responde a las preguntas de EL PERIÓDICO.

Si se lo tuviera que explicar a su vecino, ¿por qué los secretarios judiciales están de huelga?

Los letrados de la administración de justicia, antiguos secretarios judiciales, estamos de huelga porque desde el año 2009, dado que la justicia no funcionaba como debía funcionar y el juez asumía unas competencias tremendas, se pensó y así se acordó por diferentes leyes, que gran parte de esas funciones las podría realizar el letrado de la administración de justicia. Y así se hizo. Desde el 2009 hasta la actualidad hemos contado más de 300 funciones.

¿Qué funciones?

Por ejemplo, todas las admisiones de todas las demandas de juicios civiles, contenciosos o sociales que entran en España. Hay procedimientos enteros que somos los letrados los que los asumimos: toda reclamación económica que se realiza a través de procedimientos monitorios o las conciliaciones en los juicios sociales que implican que un 30% de procedimientos no llegan a sentencia. Acordamos los embargamos, acordamos los señalamientos de los juicios, decidimos cuál es el salario que cobran los abogados y procuradores cuando no están de acuerdo las partes entre sí o cuando hay condena en costas, así como nuestras funciones tradicionales de dar fe. Como estamos viendo ahora, los jueces dictan sentencias, autos y resoluciones y, si el secretario no les da publicidad, no adquieren valor jurídico hasta que nosotros lo hacemos. También nos dieron las funciones de dirección de la oficina judicial y de la dirección técnico-procesal del procedimiento: desde que entra una demanda o una denuncia hasta que llega la sentencia hay un trámite en el cual citamos a las partes, les damos traslado y citamos a juicio. Es decir, nos encargamos de facilitar la faena para que cuando llega el juez, él pueda resolver de la manera más adecuada posible.

Dotarle de todas las herramientas para que él se dedique a su labor…

Correcto. Su labor de sentenciar. Incluso llevamos las cuestiones matrimoniales. Nosotros casamos en toda España y nosotros divorciamos. Son funciones omnímodas. Asimismo, cuando hay una entrada o registro en un domicilio de un violador, de un asesino o de un narcotraficante siempre acompaña un letrado de la administración de justicia. No solo somos garantes dentro del procedimiento, sino también en actuaciones que se llevan a cabo fuera del juzgado.

Hablaba de que esta asunción de competencias tiene su origen en el año 2009 por un mal funcionamiento de la Justicia. ¿Por qué no funcionaba bien?

Aparte de que no habíamos dado el salto tecnológico actual, el juez asumía unas competencias tremendas. El juez es el que decidía prácticamente todo y, así, se ralentizaba la justicia.

Entonces, en 2009 ustedes asumen las competencias que antes correspondían a los jueces. Ahora exigen una retribución salarial acorde a este trabajo.

Evidentemente. Y todos los gobiernos desde el año 2009, tanto del PSOE como del PP, nos han hecho promesas. ¿Y por qué estamos en este momento en huelga? Porque por fin, el Gobierno de Sánchez, en la Ley de Presupuesto del 2021, en una disposición adicional, asume claramente que tenemos que cobrar en relación al trabajo que efectuamos, es decir, que lleva a cabo lo que decía la Ley. No solo hacemos ese trabajo, sino que cobramos en relación a ese trabajo que efectuamos. Un trabajo que ahora es mucho más potente, mucho más fuerte y con mucha más responsabilidad que en 2009. Ha llegado un momento en que un Gobierno nos lo ha reconocido y, como nos lo reconoció y seguía sin pagarnos de acuerdo a esa disposición adicional, hicimos huelga.

Los paros de marzo y abril de 2022…

Correcto. Y para parar esa huelga llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Justicia por medio del cual se dijo que, a través de una serie de acuerdos, se paralizaba la huelga y que era cierto que teníamos que cobrar de acuerdo a las competencias asumidas. Por eso está la cláusula de enganche a los salarios de jueces y fiscales. Llegamos a un acuerdo de cobrar un 85% y, luego, otra serie de cuestiones.

¿Qué quedó negociado en ese acuerdo?

Se especificaba que, evidentemente, había que establecer el sistema para retribuir esas cuestiones económicas. Por un lado, era la cláusula de enganche a los salarios de jueces y fiscales. Queremos dejar claro que nosotros no queremos ser jueces o fiscales, son unos trabajos súper dignos igual que el nuestro pero cada uno tiene sus competencias. Lo que tenemos muy claro, y así nos lo han reconocido, es que nuestra labor muchas veces es cuasi jurisdiccional. Y, por tanto, hemos estimado que tenemos que cobrar un 85% en relación a los jueces y fiscales que tenemos al lado trabajando.

"En ningún momento hemos dicho que queremos ser jueces y fiscales. Se ha faltado a la verdad, no queremos cobrar como ellos, sino un 85%"

Un porcentaje que difiere del que aseguró la semana pasada el secretario de Estado de Justicia cuando visitó Zaragoza y afirmó que ustedes quieren cobrar lo mismo que ellos…

Eso queremos decir. O es una mala información o está mal asesorado o directamente no dijo la verdad. Un membrete de la secretaria de su departamento, donde dice claramente que asume que tenemos que cobrar en relación al trabajo que efectuamos y con una cláusula de enganche. En ningún momento hemos dicho que queremos ser jueces y fiscales. Se ha faltado a la verdad, no queremos cobrar como ellos, sino un 85%. Es más, tenemos que decir que se contradice cuando el propio partido socialista, a través del Ministerio de Justicia, presentó la cláusula de enganche pero a un porcentaje que no queríamos. Él mismo presentó una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa, que está en estos momentos en trámite en el Congreso, por medio de la cual reconocía que nos tenían que pagar con esa cláusula de enganche.

¿De qué porcentaje hablamos?

Nos dio un 75%, pero lo que pasa que en el acuerdo que presentaremos se ve claramente que dice que ese porcentaje lo tenemos que pactar. Y no lo pactó con nosotros. Lo presentó, como se dice vulgarmente, a las bravas.

Carlos Artal atendió a este diario en su despacho de la Ciudad de la Justicia.

Carlos Artal atendió a este diario en su despacho de la Ciudad de la Justicia. / ANDREEA VORNICU

También declaró en Zaragoza que convocará a la mesa de huelga “en unas semanas”. Si os planteara ese 75%, ¿ustedes aceptarían?

(ríe).

Le formulo de otra forma la pregunta. ¿Están abiertos a negociar ese porcentaje de la cláusula de enganche?

Evidentemente, nosotros estamos abiertos, con el acuerdo de abril, a negociar. Y con el aval del Ministerio de Hacienda, en su caso. Llevamos desde el día 24 de huelga indefinida y no nos han llamado a negociar para nada. Su obligación legal es de reunirse con el comité de huelga y no se han reunido. Está dilatando el tiempo. El otro día estuvo en Zaragoza para entregar las medallas a unos compañeros. Yo me acerqué con educación al coche porque no había otra forma de comunicarse con él. Yo le pregunté: ¿Cuándo nos vamos a reunir como la ley te exige? Había testigos. Y nos dijo claramente que cuando levantáramos la huelga. Le insistí en que era su obligación legal y lo estaba incumpliendo. Entonces me dijo que nos citaría después de escuchar a los secretarios de Gobierno.

Que eso fue el jueves…

Sí. También le insistí en que los secretarios de Gobierno son profesionales muy dignos, pero que son nuestros jefes y de libre designación por el propio Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas. No tienen capacidad de negociación. Insistí en que nos reuniera lo antes posible, para no perjudicar con esa dilación al ciudadano, pero siguió en su trece. Despees de dicha reunión, salió un comunicado en el que nos citaría “próximamente”.

"Nos han llegado a insultar que si estamos haciendo una huelga política, que si estamos haciendo una huelga contra el pueblo, que si somos los profesionales que casi más cobramos en la administración de justicia"

Así lo hizo saber a los medios de comunicación.

Y somos muy conscientes. Por tanto, nos sorprende y nos desagrada que se falte a la realidad. ¿A qué esperan? Entendemos que para ellos que se suspendan bodas, que se suspendan juicios, que se suspendan todo tipo de actuaciones, que tengamos inmovilizados en las cuentas de consignaciones de los juzgados más de 500 millones de euros… Todo por la desidia de este Ministerio, que parece que le da igual el ciudadano. Nos han llegado a insultar que si estamos haciendo una huelga política, que si estamos haciendo una huelga contra el pueblo, que si somos los profesionales que casi más cobramos en la Administración de Justicia. Es absurdo cuando somos el grupo A1 de la Administración del Estado que menos cobramos.

¿Hasta qué punto estáis dispuestos a aguantar?

Hasta que nos den la razón, totalmente. Parece que estamos haciendo una huelga gratuita para nosotros, pero va a empezar la tercera semana y eso implicará que, de nuestro salario, a la compañera que cobra 1.800 euros ya le han quitado dos tercios del sueldo. Fácilmente. Es lo que hay. Ha llegado todo a un límite que ya el vaso ha desbordado totalmente. Y, encima, si tenemos enfrente a un secretario que nos insulta y nos amenaza y a una ministra de Justicia…

De la que ya habéis pedido su dimisión.

En una entrevista en Cadena Ser comentó directamente, cuando le preguntaron por le ley del solo sí es sí, que no podían saber cuántos procedimientos se revisaban porque los letrados, por la huelga que hacíamos, no podíamos introducir dichos datos en el Siraj. Es mentira como bien debería haber sabido y estamos viendo que está muy mal asesorada.

Explique este procedimiento…

El Siraj es un procedimiento informático que da servicio a todos los juzgados y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado donde se anotan todas las sentencias, medidas cautelares y órdenes de protección respecto a cualquier procedimiento.

Un historial online de todos los procedimientos abiertos a nivel nacional.

Eso es. Entonces sí que se pueden saber las causas que hay, pero no se pueden saber las revisiones que ella decía. Es un dato con el que faltó a la realidad y encima nos echaba la culpa de le huelga. Después de ver que el secretario de Estado de Justicia estaba avivando el fuego en vez de apagarlo, la ministra siempre había estado invisible y, cuando se visibiliza por la ley del solo sí e sí, vemos que está de acuerdo con el secretario. Tenemos claro que la ministra tiene que hacer frente a sus responsabilidades y nos tiene que citar urgentemente.

¿Cuándo se acabará la huelga?

Estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta.

Para llegar hasta ese punto, ¿qué vais a poner sobre la mesa cuando os reunáis con Tontxu?

Evidentemente, no estamos pidiendo un incremento de salario. Ese incremento de salario ya lo tenemos concedido, incluso tenemos establecido, por una del Ministerio, la forma de ejecutarlo. Pues eso es lo que vamos a pedir: que su palabra, por escrito, la cumpla. Tenemos una carta de Pedro Sánchez. Esp

¿Cómo ha sido el proceso de asunción de competencias?

Hombre, ha sido gradual. En un principio, se establecieron la mayoría de los actos de ejecución de una sentencia, las medidas coercitivas, el embargo cuando no pagan voluntariamente o los mandamientos para meter en prisión a esas personas. Esas son las competencias que hemos asumido gradualmente.

De ahí a este tiempo, ¿qué habéis asumido más?

Hemos ido asumiendo las competencias en cuestiones matrimoniales o en cuestiones del registro civil y, ahora, con la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Procesal se nos volverán a dar nuevas competencias.

"Entre el 75 y el 85% de todos los procedimientos en España se han ido suspendiendo, es decir, tres de cada cuatro ciudadanos se tienen que darle la vuelta e irse a su casa cada día que hacemos huelga"

Son casi tres semanas de paros. ¿Cómo afecta a la ciudadanía este huelga?

Podemos decir que afecta de una manera tremenda y brutal. Entre el 75 y el 85% de todos los procedimientos en España se han ido suspendiendo, es decir, tres de cada cuatro ciudadanos se tienen que darle la vuelta e irse a su casa cada día que hacemos huelga. Y no tienen, en su caso, ni su matrimonio ni su resolución ni el dinero que se acuerda entregarles por una sentencia.

¿Son garantistas los servicios mínimos?

Los servicios mínimos que nos han puesto son muy exorbitantes. Eso sí, tenemos que decir que se cubre muy rigurosamente todo lo que se atiene a cuestiones esenciales como los derechos fundamentales de las personas, las cuestiones de prisión o, en cuestiones matrimoniales, el entregar un dinero a gente que lo necesita.

¿Qué riesgo existe de que colapsen los juzgados?

Es que los juzgados ya están colapsados en estos momentos. Ahora ya hay un colapso absoluto y, día a día, irá a peor. Si nos citan, estamos a tiempo de llegar a un acuerdo rápidamente. Nos tienen que proponer el acuerdo incumplido.

¿La mayor diferencia de criterio es en la cláusula de enganche?

La reclamación económica ya está reconocida, pero hay otras múltiples reclamaciones. De las once que dice siempre, son muchas más. Desde hace cuatro años estaba paralizado saber nuestro escalafón, los concursos, la tramitación de nuestro estatuto orgánico y las sustituciones. Cualquier cosa que atiene al cuerpo de letrados ha estado paralizada totalmente durante cuatro años y ahora han empezado con miguitas para intentar pararnos.