Los sindicatos denuncian la "desprotección" de los funcionarios para denunciar la corrupción pública

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (Stepa) ha denunciado este lunes que el Gobierno de Aragón «incumple con la obligación legal», impuesta por la Unión Europea, de poner a disposición de su personal y de la ciudadanía en general, un canal de denuncias que permita avisar de los casos de corrupción de la Administración que puedan conocer debido a su relación laboral o profesional. Esta organización asegura en un comunicado que la transposición a la legislación aragonesa de la directiva europea de informantes sigue sin ponerse en marcha de forma efectiva casi medio año después de aprobarse, «comenzando por un punto tan básico como habilitar y publicitar un sistema para recibir las informaciones».

El pasado 18 de agosto, el Boletín Oficial de Aragón publicó un acuerdo del Consejo de Gobierno, Orden HAP/1072/2023, por el que se aprobó un sistema interno de información «para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción» y que debería de servir, según Stepa, para recoger las denuncias de trabajadores públicos y contratistas sobre ilegalidades. El canal es una obligación derivada de la transposición a la legislación española de la Directiva Europea de whistleblowers o de protección de los informantes. Sin embargo, este sindicato denuncia que el texto del BOA «es puro papel mojado» ya que se trata de una norma que «de entrada se aprobó fuera de plazo y con importantes carencias, y que después el actual Gobierno se ha despreocupado totalmente de desarrollar y poner en marcha».

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La tercera fuerza sindical en la Administración General aragonesa, junto con CATA, considera que tanto el anterior Ejecutivo de Javier Lambán como el actual de Jorge Azcón, son «igualmente culpables de dejar desamparados y sin protección adecuada» a los funcionarios y ciudadanos que quieran revelar casos de corrupción o infracciones en materias «tan importantes como despilfarro de fondos públicos, competencia, impuestos o respeto de los derechos laborales».