300.000 empleos públicos 'ocultos': ¿Por qué no aparecían en la estadística?

El cambio metodológico para contabilizar el volumen real de empleados al servicio de las Administraciones públicas en el conjunto de España ha hecho que afloren estos trabajadores

Acceso al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Acceso al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. / EL PERIÓDICO

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El cambio metodológico para contabilizar el volumen real de empleados al servicio de las Administraciones públicas en el conjunto de España ha hecho que afloren cerca de 300.000 trabajadores en estas estadísticas, donde no aparecían reflejados hasta la actualización correspondiente a enero de 2023.

En concreto, el censo que elabora el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública contabiliza a 224.000 empleados como consecuencia de la incorporación de los contratos con una duración inferior a los seis meses y 70.000 más de efectivos correspondientes al personal en formación o prácticas. El número total de efectivos de las Administraciones públicas ronda los tres millones (2.967.578 personas). Más de la mitad, exactamente el 54,2%, del personal se concentra en tan sólo cuatro territorios: Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El aumento del personal del sector público se debe a la afloración de empleo que estaba oculto con la creación de puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que hace 12 años, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió poner freno a la entrada de nuevos funcionarios en las Administraciones dentro de las políticas de recorte de gasto público en los duros años de la recesión económica, que tuvo su origen en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria a partir de 2008.

Desde 2011 se venía produciendo una destrucción de empleo público por la imposición de las tasas de reposición, que se mantienen en la actualidad, aunque desde 2023 sí permite la creación de empleo en los servicios esenciales. Esto es insuficiente a juicio de los sindicatos, que vienen reclamando unánimemente la eliminación de cualquier limitación que impida la entrada de nuevos empleados para suplir a los que se jubilaban, un problema que afecta especialmente a algunos organismos estatales como la Seguridad Social.