POLÍTICA

Nuevo varapalo al PAR de Aliaga: el juez suspende la convocatoria del congreso extraordinario

No procede, eso sí, dice el juez, la suspensión de la ejecutiva actual puesto que se les privaría de la posibilidad de recurrir la sentencia, que aún no es firme

Marina Sevilla, Elena Allué y Xavier de Pedro, del sector crítico del PAR

Marina Sevilla, Elena Allué y Xavier de Pedro, del sector crítico del PAR / Europa Press

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Nuevo varapalo al PAR de Aliaga. El mismo magistrado que anuló el congreso en el que salió elegido el actual presidente del partido y vicepresidente del Gobierno de Aragón acaba de suspender la convocatoria del congreso extraordinario previsto para enero.

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza, Diego Gutiérrez, ha dado la razón de forma parcial al militante crítico Xavier de Pedro, que había reclamado la suspensión de los acuerdos de la última Comisión Ejecutiva convocada por Arturo Aliaga el pasado 2 de diciembre por la que se tomó el acuerdo de celebrar un congreso extraordinario antes de final de enero para así, en opinión de la dirección del partido, dar cumplimento a la sentencia que invalida el congreso celebrado en 2021 por el que fue reelegido Aliaga.

Sin embargo, los críticos denunciaron desde el inicio que la decisión era "nula de pleno derecho" pues al considerar que estaba anulado el último congreso, también lo estaba la ejecutiva surgida del mismo.

No procede, eso sí, dice el juez, la suspensión de la ejecutiva actual puesto que se les privaría de la posibilidad de recurrir la sentencia, que aún no es firme.

Aliaga defendió este congreso

A principios de mes la comisión Ejecutiva del PAR se reunió y acordó por unanimidad dicho congreso extraordinario que acaba de ser anulado por el juez. En aquel momento, Aliaga defendió: "Nuestros servicios jurídicos nos dicen que sí que esta Ejecutiva puede hacer un Congreso extraordinario para cumplir los tres puntos de la sentencia. Hemos tomado la decisión sabiendo que se puede tomar". "Después de estos tristes días, hoy se me llena el corazón de alegría de ver el apoyo unánime que he tenido de esta grandísima Ejecutiva que ha tenido la fuerza de acompañarme en estos días difíciles de ataques al PAR", afirmó Aliaga, que incidió también que tiene el apoyo de la Ejecutiva a que el PAR siga en el Gobierno cuatripartito con PSOE, CHA y Podemos "mientras otros andan diciendo barbaridades y pidiendo que el PAR salga del Gobierno".

Aliaga también destacó que el censo puede incluir también a los 311 militantes que han sido el origen del conflicto judicial. "El juez no ha invalidado a los militantes, sino que el acuerdo lo hizo un órgano al que no le correspondía, pero nadie ha puesto en duda que hay 311 militantes que estarán incluidos en el censo. Si no, no estaríamos respetando su derecho", añadió. Con este congreso extraordinario, insistió Aliaga, "todo el mundo puede participar, puede votar y presentar ponencias. Se acabó aquí ya de mentir, porque pucherazos aquí no ha habido y el juez no anula los 311 militantes".

Las irregularidades que vio el juez

El pasado mes de noviembre la Justicia acordó la anulación del congreso del que salió reelegido Arturo Aliaga. Fue a tan solo seis meses de las elecciones. En la balanza judicial estaba si era irregular o no la inclusión de 311 militantes y el pago de cuotas previo al último cónclave de la formación. Los críticos, con Elena Allué y Xavier de Pedro a la cabeza, pusieron en duda esa lluvia intermitente de afiliados tras años de constantes bajas y que correspondían a personas muy próximas al sector de Aliaga y, más concreto, de Alberto Izquierdo y Jesús Guerrero, del PAR en Teruel y Huesca. En aquel momento el juez observa una «irregularidad muy relevante» en el hecho de que fue la comisión organizadora la que adoptó la decisión de admitir a esos nuevos afiliados, cuando en los estatutos está previsto que lo apruebe la comisión permanente.

Pero aún va más allá y añade el juez que «no se ha demostrado que estas personas aportasen todos sus datos personales ni que se incorporasen el DNI (de hecho, en los impresos aportados la gran mayoría tampoco acompañan el DNI) y tampoco se ha demostrado que contasen con los dos avales que exigen los estatutos». Y aún va más allá, calificando de «sorprendente el pago de 1.536 euros por una sola persona para cubrir el importe de cuotas de un grupo de afiliados». «Es evidentemente anómalo e insólito», sentenció.