La colaboración público-privada y el rigor técnico, claves para garantizar unos servicios públicos de calidad

El Auditorio del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz) se convirtió el pasado 15 de mayo en el principal epicentro del análisis jurídico y administrativo al acoger la Jornada de Contratación y Servicios Públicos. Este encuentro, organizado por el propio Reicaz y que contó con la destacada colaboración de Veolia, compañía líder en la gestión del agua y los recursos, reunió a los más reconocidos representantes del ámbito legal, la judicatura, la administración pública y el sector empresarial para debatir y trazar la hoja de ruta hacia una mejora sustancial en los procesos de licitación. A lo largo de la mañana, los expertos desgranaron los grandes retos a los que se enfrentan las administraciones y las empresas concesionarias para asegurar que los ciudadanos reciban un servicio de máxima calidad.

La apertura de la jornada puso de relevancia desde el primer momento la importancia de crear alianzas estratégicas y solventes. José Ignacio Heredero Hernando, director ejecutivo de Veolia en Aragón, fue el encargado de inaugurar el evento junto a Ana Colás Martínez, presidenta de la sección de formación y Diputada 4ª del Reicaz. En su intervención inicial, Heredero subrayó de forma contundente el firme compromiso de Veolia con la eficacia en la gestión de los servicios públicos. Asimismo, transmitió a los asistentes el enorme interés y provecho didáctico de la jornada, especialmente en un contexto actual en el que la tendencia predominante es la excesiva judicialización de los contratos, lo que paraliza a menudo los servicios.

Servicios de calidad Vs 'subastas'

Uno de los consensos más claros de la jornada fue la urgencia de abandonar las adjudicaciones basadas únicamente en el abaratamiento de los costes. En este sentido, destacó la intervención de Teresa Cubero Negro, Vocal del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa). Cubero realizó un llamamiento directo a las administraciones públicas para que impulsen un verdadero modelo de contratación estratégico frente a aquellos organismos que únicamente se fijan en el criterio económico.

"Seguimos contratando a precio", afirmó la experta, añadiendo que es imperativo "superar esta tendencia y mejorar la relación calidad-precio de los contratos" para poder garantizar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad. Cubero recalcó la necesidad de incluir criterios de adjudicación basados en políticas sociales, de sostenibilidad, medioambientales y de innovación, un elemento que también abordó el profesor José Mª Gimeno Feliu, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, durante su posterior intervención.

Con ello, se busca evitar a toda costa que los concursos públicos terminen convirtiéndose en meras subastas o pujas que se rijan exclusivamente por el criterio del precio, priorizando las ofertas anormalmente bajas que comprometan la viabilidad del proyecto.

Para lograr este cambio de paradigma y evitar la compleja judicialización, que genera un gran desencanto en la administración, resulta clave el diseño inicial de los proyectos. Jesús Colás Tenas, secretario general de la Diputación Provincial de Zaragoza, incidió en la importancia suprema de una buena preparación y elaboración de los pliegos de condiciones. Colás detalló que el objeto del contrato debe estar perfectamente definido, ya que es lo que guía la adjudicación y la finalidad última del servicio a la ciudadanía.

Explicó, además, que es indispensable establecer unas características técnicas rigurosas que no dejen margen a la discrecionalidad o la subjetividad. A su vez, remarcó la importancia del presupuesto de la licitación y la definición exacta de la duración temporal del contrato, la cual debe estar ajustada a las verdaderas necesidades del servicio que se quiere otorgar, recomendando a las instituciones públicas no funcionar nunca "a golpe de inauguración".

El desafío de las infraestructuras hidráulicas

El gran desafío de las infraestructuras a largo plazo centró la mesa dedicada a la revisión de precios y el reequilibrio económico. José Claudio Álvarez, vocal del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), defendió que el modelo concesional en España es un indiscutible modelo de éxito, hasta el punto de que muchas empresas españolas lideran este tipo de concesiones en todo el mundo. Este modelo adquiere una dimensión crítica en el caso de las licitaciones de servicios vinculados a la gestión del ciclo integral del agua.

En este sector estratégico, Álvarez destacó la importancia de la concesión como la gran fórmula de colaboración público-privada capaz de garantizar las millonarias inversiones que las infraestructuras hidráulicas necesitan en la actualidad. El país sufre un déficit inversor, ya que la inversión neta en infraestructuras del agua es inferior al 4 % desde 2024, siendo el saneamiento y la depuración la gran asignatura pendiente.

Tal y como está demandando Europa mediante sus normativas medioambientales, las necesidades de inversión para los próximos diez años se elevan a la astronómica cifra de 50.000 millones de euros. Dado que la Hacienda Pública se encuentra fuertemente tensionada con necesidades de gasto insalvables, como las pensiones, la colaboración público-privada se perfila no como una opción, sino como el gran contrato de Estado esencial para el crecimiento y el servicio.

No obstante, para que este sistema funcione y no colapse, Álvarez advirtió sobre la extrema necesidad de repartir correctamente el riesgo operacional en los contratos. El experto señaló que el principio legal debe exponer a las empresas a los riesgos lógicos del mercado, pero resulta totalmente inviable una tendencia actual que busca que el concesionario asuma el riesgo al 100%.

Forzar a las empresas a soportar todos los imprevistos convierte las licitaciones en una auténtica "subasta en función de los flujos de caja". Si no se realiza un reparto y una distribución justa y equitativa de los riesgos entre el órgano licitador y el concesionario, las concesiones se hacen inviables económicamente.

Además, alertó del déficit informativo que sufren los pliegos en España, donde solo se dedica un 4 % del tiempo estimado a la preparación y viabilidad técnica de las licitaciones frente al 8 % o 10 % que se dedica en el resto de Europa.

La relación 'calidad-precio'

El brillante cierre de la jornada estuvo enmarcado por la conferencia de clausura titulada La relación calidad-precio en los contratos del sector público. El encargado de presentarla fue Óscar Martínez Guzmán, director jurídico de Agua Municipal en Veolia España. Martínez Guzmán, que actuó como presentador de la conferencia final, quiso poner en valor públicamente las ideas expuestas, elogiando la maestría del ponente Gimeno Feliu. Asimismo, el directivo de Veolia agradeció al Reicaz y a todos los profesionales implicados la posibilidad de seguir realizando foros técnicos como este, imprescindibles para construir un marco de contratación pública moderno, colaborativo, eficiente y al servicio de todos los ciudadanos.

Ya en su propia ponencia, José Mª Gimeno Feliu abogó por un profundo cambio cultural para dejar de concebir los contratos como meros trámites burocráticos y empezar a enfocarlos realmente en la satisfacción del interés general y la ciudadanía.

Este panel de expertos de alto nivel lo completaron Rafael Zapata, presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón; Rafael Alcázar Crevillén, abogado socio fundador y director en Alcazar Cuartero Abogados; Sergio J. Ibarz Bosqued, secretario general del Ayuntamiento Alagón; y ex-vocal del Tacpa y Tacrc; Alberto Alonso, Abogado del Estado; Gabriel Morales Arruga, abogado socio en Cuatrecasas; y José Antonio Sanz, secretario de la Junta de Gobierno del Reicaz.